Centenares de inquilinos de las Islas se enfrentan desde este año a «subidas desorbitadas»

Bueno explica que la LAU establece una duración mínima del alquiler de 5 años, prorrogable a tres más de año en año si ninguna de las dos partes comunicaba con antelación lo contrario. En este sentido, denuncia que «nos encontramos que muchos propietarios comunican el fin del contrato para, posteriormente, ofrecerles una renta mayor formalizando un nuevo contrato, en lugar de mantenerlos solo con la subida del IPC, si el contrato así lo establece».

Esta situación es corroborada por el presidente de la asociación de consumidores Consubal. «En los últimos meses hemos atendido a unos 50 inquilinos a los que les finaliza el contrato y sus caseros les quieren aplicar subidas totalmente desproporcionadas, de unos 500 euros», expone; al tiempo que resalta que los afectados son muchos más.

En algunos casos, la mediación de Consubal ha logrado que las partes alcancen un acuerdo. «Se han aplicado subidas de 150-200 euros, ya que el propietario ha cedido y ha rebajado el incremento previsto inicialmente». Sin embargo, en muchos otros no han aceptado, ya que consideran que alquilar un piso por 700 euros pudiendo conseguir 1.300 es un disparate.

Muchos inquilinos también están recurriendo a la intermediación de abogados para que les asesoren y, en algunos casos, les ayuden a mediar. Munar señala que cada vez tienen más clientes afectados por esta problemática y vaticina que habrá más a medida que vayan finalizando los cinco años de contratos que establece la normativa. El abogado en derecho inmobiliario resalta que muchos propietarios quieren doblar la renta que perciben por su vivienda. Aunque reconoce que están en su derecho, señala que suelen aconsejarles que mantengan el alquiler a inquilinos que no les dan problemas, debido al riesgo existente de inquiokupación, y algunos de ellos aceptan».

Munar reconoce que el problema de la vivienda es muy grave, ya que el mercado está muy tensionado: hay muy poca oferta y mucha demanda. Además, parte de esta última cuenta con un elevado poder adquisitivo, especialmente extranjeros, «dispuestos a pagar lo que les pidan».

Extorsión

Rodríguez considera que las subidas desorbitadas de las rentas son casos claros de extorsión. Esta opinión es compartida por la expresidenta de API. «Llevan al límite a los inquilinos, que no quieren dejar el piso porque saben que encontrar uno nuevo es muy complicado. Por ello, siempre que tienen disponibilidad económica, aceptan subidas totalmente desorbitadas, que les obligan vivir en la precariedad y a prescindir de muchas otras cosas», denuncia.

Sin embargo, lamenta que a nivel jurídico es muy difícil poder demostrarlo, por lo que no han podido emprender acciones legales. Rodríguez y Bueno exponen que la situación que están viviendo muchas personas es límite, llegando a ocasionarles verdaderos problemas mentales. Ultima Hora ha intentado hablar con algunos inquilinos afectados, pero han declinado hacerlo por temor a represalias. «No quieren hablar porque temen que otros propietarios no quieran arrendarles sus casas por haber salido en los medios de comunicación. La situación es muy límite», denuncia.