El Govern pide a Madrid que deje de cobrarle intereses por las ayudas europeas devueltas

Así lo hace saber el Ejecutivo balear en una carta remitida a la Secretaría General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda para tratar las problemáticas que envuelven la gestión de los fondos MRR (Mecanismo de Recuperación y Resiliencia). En la misiva -firmada por la directora general de Fons Europeus del Govern, Bárbara Barceló-, se señala como «imprescindible y urgente» la revisión del criterio aplicado, ya que se considera que se está penalizando a Baleares por una devolución que no es imputable a una mala gestión de la Administración autonómica, sino a una inadecuación de esas líneas de ayudas a las necesidades del territorio.

Así, el Govern -tanto del equipo de la anterior legislatura como de la actual- ha devuelto fondos antes de ser movilizados porque «no respondían a la realidad de este territorio y presentaban, por tanto, una imposibilidad material de ejecución». Asimismo, otras ayudas han sido devueltas al no haber suscitado interés entre sus posibles beneficiarios o porque las condiciones técnicas para su tramitación hacían imposible cumplir con los plazos impuestos. En cualquier caso, el Govern considera que las arcas de la comunidad no deberían ser gravadas con estos intereses, los cuales ascienden a más de 160.000 euros entre las tres líneas de ayudas devueltas (una por el Ejecutivo de Armengol y otras dos por el de Prohens). 

Las correspondientes áreas de actuación de las diferentes líneas de ayudas -que sumaban 3,5 millones de euros- eran conectividad de polígonos industriales (15.700 euros de intereses), accesibilidad la vivienda para personas mayores (25.300 euros) o dependientes, adaptación de infraestructuras para telecomunicaciones en edificios (120.900). La Abogacía de la Comunidad ha recurrido el pago de intereses en la devolución de la segunda de esta línea de ayudas. Por otro lado, la carta cuestiona otros aspectos en la gestión de las ayudas como la falta de coordinación entre comunidades y gobierno central, rigidez en las condiciones de uso o disparidad de criterios entre ministerios.