Fuentes del Ejecutivo aseguraron este pasado lunes que esta amenaza del Gobierno de Pedro Sánchez, junto a otras como la relativa a la legalización de viviendas en suelo rústico, ponen en evidencia que existe una «especial fijación» del Gobierno de España con las leyes que se aprueban en las Islas. Las mismas fuentes lamentan que el Ejecutivo de Pedro Sánchez «no tenga esta misma fijación» en solucionar los problemas de Balears. Como ejemplo ponen la visita ayer de la ministra de Migraciones, Elma Saiz, que no tuvo «ni cinco minutos» para reunirse ni con el Govern ni con la institución competente en Mallorca, que es el Consell.
Una ley del Parlament
El Govern quiere dejar claro que la norma sobre la que pesa la amenaza de un recurso de inconstitucionalidad no es una ley del Govern, ya que los textos legales los aprueba el Parlament «por mayoría». En este caso fue a iniciativa del PP, que es el partido que presentó una proposición de ley a la Cámara.
Por último, los representantes del Ejecutivo balear se preguntan si el Gobierno de Pedro Sánchez lanzará esta misma amenaza a las doces comunidades autónomas en las que no existe un organismo equivalente al de la Oficina Anticorrupción. El Govern asegura que tiene «total tranquilidad» sobre la constitucionalidad de esta ley que, insiste, cuenta con el respaldo mayoritario del Parlament balear.
El problema
El Gobierno central cree que hay elementos para dudar de la validez legal de varias disposiciones de la ley de creación del Registro de Transparencia y Control del Patrimonio y de las Actividades de los Cargos Públicos de Balears. Todas las medidas cuestionadas por el Gobierno hacen referencia a la decisión de suprimir la Oficina Anticorrupción. Se considera inconstitucional la propia liquidación de la Oficina y que el Govern se subrogue de los derechos y obligaciones de la entidad y se haga cargo de los bienes.
También se cuestiona la disposición de la normativa que dispone el cese del director de la Oficina a partir de la entrada en vigor de la ley, entres otras cuestiones porque el director fue elegido por el Parlament. Tampoco está de acuerdo con todas las disposiciones sobre el personal que figuran en la ley de liquidación.
16 comentarios
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No hay por qué mantener un ente politizado como era esa Oficina Anticorrupción, que no sirve para nada más que para enchufar a una serie de funcionarios y amiguetes adeptos a la causa, que para eso lo creó el anterior Govern Barmengol. Para cualquier tema de posible corrupción política o cualquier otro supuesto delito o crimen que se produzca en este país, ya tenemos una Policía Nacional, una Guardia Civil, una Fiscalía y unos jueces, que precisamente están todos ellos para estos menesteres porque ese es su trabajo y para eso les pagamos las nóminas. Nada más.
PP
HolaHablas de los eres andaluces o de es pruses catalán?? O de todo junto
PereEstas hablando de los 700 millones de los Eres o de Cataluña y es pruses
Es raro que psoe pida oficina anticorrupción; para que la quieren? Si haciendo lo mismo que han hecho en Andalucía y en Cataluña con la corrupción lo tienen arreglado
Tota una declaració d'intencions. Res de nou quan governa el PP, ja sabem per experiència com les gasten. Ara tindrán les urpes lliures per fer el que més els agrada.
El pp no vol oficina anticorruppció perquè lo que volen és...
Cuando el PP roba, lo hace sobre los impuestos de todos. No entiendo porqué les seguís votando.
La codicia pepera en su estado habitual, robar eliminando el control. Es lo que habéis votado
Lo propio en un partido corrupto, que no tiene propuestas para los ciudadanos, cuyo único interés es alcanzar el poder para beneficiarse y robar. Llevan décadas así. Y todavía hay quien los vota y los defiende. Incluso gente trabajadora a la que le cuesta llegar a fin de mes. Incomprensible.