Miles de fincas podrán salir al mercado con la amnistía urbanística del Govern

El abogado y profesor de la UIB Juan Alemany explica que ahora mismo hay dos tipos de construcciones en un limbo legal. Están fuera de planeamiento y, gracias a la prescripción, la administración no puede sancionarlas ni pedir su demolición. Por un lado, construcciones que en su momento tenían licencias pero que, con cambio urbanísticos están en un estado de inadecuación y por otro, obras directamente ilegales pero que llevan años allí. Las primeras pueden ser mantenidas pero no ampliadas y en las segundas no se puede llevar a cabo ningún tipo de obras. «La administración tendrá que motivar lo que permite hacer», señala.

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Alemany apunta que, con la medida, se pretende generar una actividad económica doble: por un lado, el propio proceso de legalización y después, permitirá que vuelvan al mercado. «Ahora nadie quiere adquirirlas» , indica, ante los problemas que acarrean viviendas en esa situación.

Por su parte, el abogado especializado en el derecho inmobiliario, José Manuel Sierra, señala: «Lo justo sería legalizar las que cumplan con los requisitos necesarios para ser vivienda, no chiringuitos» y coincide en que hay un gran número de ciudadanos pendientes de una posible legalización de fincas que han quedado entre dos aguas. «Es una situación que se ve cada día y que viene de hace décadas, cuando los alcaldes animaban incluso a construir sin licencia para tener actividad en el municipio».

En cualquier caso, los expertos advierten que, a partir de 2018 la normativa hace que las infracciones no prescriban y que tampoco lo hacen, desde 1991 con la Ley de Espacios Naturales las que afectan a zonas protegidas como ANEI o ARIP que son las que, en la mayor parte de los casos terminan incluso en delito.