La Audiencia Nacional paraliza las declaraciones de ex altos cargos del IB-Salut tras abrirse una pieza secreta

Tal y como informamos, la asociación, representada por el letrado mallorquín Eduardo Luna, registró una petición solicitando al Juzgado Central Número 2 la imputación de Juli Fuster, exdirector de Salut en la época del Govern del Pacte. «En el ejercicio de la acción popular, considera que del mismo se desprenden indicios de criminalidad suficientes sobre la actuación del subdirector de compras y logística del servicio de Salut, Antonio Mascaró, y del director general, Juli Fuster, en lo relativo a su participación en la concesión de dos contratos a la empresa Soluciones de Gestión y apoyo a empresas, considerando que su actuar pudiera encajar indiciariamente en los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación del caudal público», apuntaba el escrito.

La asociación argumenta que «según consta en la causa, la adjudicación del contrato de mascarillas en las islas a la empresa investigada Sistemas de Gestión y su entorno, por importe de 3.701.500 euros más otra adjudicación posterior de 56.715 euros, se llevó a cabo de forma arbitraria, manifestándose en la ausencia de los trámites esenciales del procedimiento».

Respuesta

Ahora, un auto de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso este periódico, expone que «en el presente supuesto, a la vista de las diligencias interesadas por la acusación popular, la asociación Iniciativa Justicia y Transparencia Veritas, relativas a las irregularidades en la concesión de dos contratos por el Servicio de Salud de las Islas Baleares a la mercantil Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, toda vez que los citados contratos están siendo investigados por la Fiscalía Europea, no procede acceder a su práctica en el presente procedimiento».

Días atrás, el exdirector del IB-Salut Manuel Palomino fue citado a declarar como testigo ante agentes de la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil desplazados a Palma. Tanto este ex alto cargo como una funcionaria fueron citados a instancias de la Fiscalía Europea. El organismo ha asumido la competencia del grueso de la trama en las Islas por posibles delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias. La Fiscalía de la Unión Europea funciona en la práctica como un juzgado de instrucción. Esta entidad se encarga de toda la tramitación de la causa, de los interrogatorios a los investigados y de cualquier diligencia para aclarar los hechos y solo tiene que acudir a un juez de garantías de la Audiencia Nacional para solicitar medidas que interfieran con derechos fundamentales. En el mes de junio, fue enviado allí por la Audiencia Nacional el expediente del millón y medio de mascarillas que adquirió Balears junto a los informes de la Guardia Civil sobre ellos.