La comparecencia la había pedido el PP a raíz de que se supiera la participación del abogado José María Lafuente en la llegada de una remesa de mascarillas. El PP quería conocer los detalles de la participación del abogado «y de la calidad del material suministrado».
El Govern sabía desde hacía 48 horas que el 1,4 millones de mascarillas que había comprado estaban en un almacén porque no tenían la calidad requerida, pero la consellera no aprovechó la comparecencia parlamentaria para explicar esta circunstancia. Mencionó que se habían bloqueado 80.000 mascarillas FFP2 de una partida de cuatro millones de estas inmovilizadas, 40.000 correspondían a las compradas gracias al asesoramiento legal de una abogada china con quien había intermediado Lafuente.
La consellera señaló que, después de detectar dudas entre los profesionales sanitarios, se inmovilizaron por prevención y se pidieron análisis independientes. No hubo ni una sola referencia al 1,4 millones de mascarillas que se habían retirado dos días antes de los centros logísticos sanitarios para dejarlas almacenadas sine die, hasta el punto de que casi todas ellas han caducado.
No dijo nada incluso a pesar de que la diputada de podemos Antonia Martín le pidió específicamente si se habían producido problemas con otros envíos. «¿Se ha encontrado más material con algún tipo de defecto?, ¿se ha requisado o qué se ha hecho?», preguntaba. Tampoco entonces dijo nada la consellera y solo mencionó las 40.000 que habían quedado inmovilizadas.
No ha habido material malo
«En esta comunidad autónoma no ha habido material defectuoso, no ha habido. Tal vez me dirá suerte; suerte o buena gestión, no sé (...) Pero creo que también hay que tener en cuenta que ninguna partida de las compradas por esta Conselleria ha resultado defectuosa», decía después a preguntas del diputado de Cs Juan Manuel Gómez.
«Siempre lo digo y lo seguiré diciendo: máxima transparencia en todos los procesos que realizan este gobierno y la Conselleria de Salut i Consum, con una obligación que no puedo ni quiero olvidar: encontrar soluciones y conformar estrategias; tomar decisiones es gestionar», dijo Patricia Gómez en su intervención inicial.
La consellera explicaba en su comparecencia las enormes dificultades que se tuvieron al inicio de la pandemia para conseguir el material e insistía en que el Govern cumplía la ley «con total transparencia y con el objeto de tener el material disponible para los profesionales».
Gómez hacía referencia al «pequeño» departamento de Contratación del Servei de Salut, «que hace un trabajo ingente». «Ni los que están en obras ni los que están a contratación no sé cómo pueden llevarlo; la cantidad de trabajo que hacen...», señalaba Gómez. Insistió ante la oposición que se trataba de «gente funcionaria, que firma (...), que sabe agarrar las cosas con un rigor».
Las mascarillas que nunca se utilizaron llegaron a Palma el 27 de abril, según quedó registrado en la aduana, tan solo dos días después de que se tuviera el primer contacto por mail entre el IB-Salut y la empresa. El 29 de abril comenzaron a distribuirse pero al mismo tiempo se enviaron al Centro Nacional de Medios de Protección, que las recibe el 25 de mayo. El 8 de junio llegan los resultados del análisis que confirman que ninguna de las cuatro referencias enviadas cumple con los requisitos exigidas para las FFP2.
El informe del 6 de julio con la propuesta de reclamación del dinero cobrado de más señala que las mascarillas quedaron almacenadas en dependencias del Servei de Salut hasta el año 2023 «que es cuando la OMS ha declarado el fin de la pandemia» y por esa razón «se seguían manteniendo almacenadas», aunque ya habían caducado.
3 comentarios
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ToniResponsabilidades? Las mismas que toma el PP.
Aquí resumido el talante y rigor del PSIB: «En esta comunidad autónoma no ha habido material defectuoso, no ha habido. Tal vez me dirá suerte; suerte o buena gestión, no sé (...). «Siempre lo digo y lo seguiré diciendo: máxima transparencia en todos los procesos que realizan este gobierno... No se puede tener cara más dura... Espero que todo salga a la luz y que todos los culpables y responsables paguen...
Compran y distribuyen a los sanitarios unas mascarillas sin comprobar su calidad y poniendo en peligro la seguridad de estos. Cuando por fin se dan cuenta del engaño, las almacenan y no emprenden ninguna medida. Y después presumen de "buena gestión" y de "transparencia" en sede parlamentaria que afortunadamente queda escrito para su vergüenza. Digo yo que alguien debería dar explicaciones y asumir responsabilidades, ¿no?