La juez exonera a cuatro altos cargos de la pieza principal del ‘caso Puertos'

La magistrada ha dictado un auto en el que adopta esta decisión junto a una nueva prórroga del secreto del sumario, que se acerca ya a los cuatro años tras ser decretado inicialmente en abril de 2020.

En la resolución, la magistrada constata que, ante el avance de la investigación no se aprecian indicios de delito por parte de estos cuatro en las piezas aún secretas ni tampoco en la principal. La magistrada Martina Mora recuerda que el caso estalló de forma «demasiado prematura» en julio de 2020, cuando se produjeron las detenciones y los registros en la Autoritat Portuària de Balears. En ese momento se detectó una posible fuga de información a través de uno de los pinchazos telefónicos, lo que dio lugar a que se acelerara el registro para evitar una posible destrucción de pruebas y, más tarde, a la detención de un empresario que comentaba supuestamente la investigación con uno de los funcionarios.

En esta resolución, la magistrada añade que esa explosión prematura llegó a provocar que no llegaran a consumarse algunos «actos preparatorios de delitos contra la administración pública» que indiciariamente se estaban constatando a través de los pinchazos. Es decir, que algunos de los investigados habrían abortado algún fraude ante la investigación judicial.

En el auto, la magistrada también se refiere a un «riesgo extremo» de no haber encontrado determinadas pruebas en caso de no haber acordado el secreto. Alude a un documento clave para la pieza separada uno que, por el momento no aparece y que la Autoritat Portuària, dice que nunca existió. En esa investigación, el expresidente de la APB, Joan Gual está imputado por prevaricación por dar una prórroga a dos tiendas de ‘duty free'. Ocurre que esa resolución no aparece y, según la institución, no se firmó. La magistrada considera «incierto» el resultado de ese requerimiento documental porque ese supuesto papel está bajo control de la institución y de alguno de los investigados. La instructora requirió a la Guardia Civil en octubre para agilizar las investigaciones.