La comunidad educativa, entre la cautela y el rechazo

Joan Ramon Xamena, presidente de la Associació de Directors de Secundària y director del IES Porreres, declara a este diario que la medida es, de entrada, «un despropósito». «Luego habrá que ver si la segregación de alumnos por lenguas es legal. En la educación tenemos muchas otras necesidades. Me parece un insulto que se destinen 60 millones de euros por curso a la segregación, con las cosas que se podrían hacer con ese dinero. Pero bueno, es una exigencia de Vox y el PP la ha aceptado. Al menos, que dejen de decir que hay inmersión lingüística porque eso es mentira. Hay centros que dan el 50 % de sus clases en castellano. Los alumnos que tienen preferencia por el castellano pueden ir a esos centros», dice Xamena.

Por último, el profesor recuerda que en la Comunitat Valenciana «ya se aplicó una doble línea y no ha funcionado». Sin embargo, la presidenta Marga Prohens ha reiterado este martes ante los medios que en ningún caso se establecerán dos líneas y que se respetará la normativa lingüística vigente. Aun así, el desconcierto impera entre el profesorado a la espera de que la Conselleria aclare con detalle cómo piensa desarrollar esta medida impuesta por Vox.

«No nos podemos creer que se haya llegado a este punto, con la de carencias educativas históricas que hay en las Islas», lamenta la presidenta de la Associació de Directors i Directores de Infantil i Primària de Mallorca y directora del CEIP Ses Rotes Velles, Joana Maria Mas. «Nunca hay dinero suficiente para mejorar infraestructuras, contratar docentes o bajar el número de alumnos por aula, pero ahora, de repente, por petición de un partido, salen millones de euros para un tema que ni siquiera lo pedían las familias, que saben perfectamente que no hay ningún problema con el catalán y el castellano», afirma la maestra. Dice que están mal informados y que temen que, como ya pasó con el TIL, «empecemos el próximo curso y, sin saber nada, tengamos que cambiar alguna cosa en el último momento».

Esta incertidumbre se debe a que no hay comunicación fluida por parte de la Conselleria y «nos enteramos de todo por la prensa». «Como nos pasó con los 200.000 euros para reforzar la inspección y controlar si adoctrinamos; siempre se ha pedido un refuerzo de personal de inspección y, en vez de eso, se dedican a estas cosas», lamenta.

Por su parte, Llúcia Salleras, presidenta de Escola Catòlica, señala que «de momento no tenemos información suficiente para valorar la medida». En la misma línea se expresan desde Col·legis Diocesans de Mallorca, porque antes de dar una valoración prefieren esperar a que la propia Conselleria d'Educació les dé instrucciones al respecto.

Rechazo sindical

El STEI ha considerado «del todo inadmisible» que se destine esta partida que, al final de curso, ascenderá a 60 millones, 20 por cada trimestre. El sindicato lamenta que se destinen millones a un «experimento sin base pedagógica que sólo obedece a los delirios de la extrema derecha para borrar la presencia del catalán en la enseñanza y, por extensión, en la sociedad isleña, con la creación de dos comunidades lingüísticas separadas». ANPE, por su parte, considera que la educación «necesita otras prioridades», mientras que UOB Ensenyament acusó al Govern de «quemar» y «tirar a la basura» 20 millones para «poner en marcha un sistema de apartheid lingüístico».

Asimismo, la Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de Baleares (Uctaib) ha asegurado que los centros «no tienen la infraestructura pertinente para conseguir el desdoblamiento del espacio, como quedó demostrado con las medidas aplicadas en la pandemia». También advierte de que el alumnado «no tiene el mismo acceso a contenidos» en catalán que en castellano en las redes o medios de comunicación, y esto provoca un retroceso del catalán.