Los abusos localizados en Palma se reportaron en el Colegio La Salle, en el Colegio Nuestra Señora de Montesión, en el Monestir de la Real, en las parroquias de Cristo Rey y de Sant Sebastià y en la residencia sacerdotal Sant Pere i Sant Bernat. También hubo un caso en la casa de acogida de Betlem y en la parroquia Asunción de María de Can Picafort. En Eivissa, se han documentado en las iglesias de El Rosari y Sant Pau, en el Colegio Can Bonet y en un domicilio particular.
El listado incluye todos los casos reportados, sin descartar ninguna alegación, siendo indiferente si estaban comunicados o no a la justicia civil o canónica, o si estaban prescritos, archivados o resueltos, según explica el anexo del informe del Defensor. El listado también señala las fuentes, desde personas entrevistadas por la Unidad de Atención a Víctimas, a respuestas recibidas de los obispados, arzobispados y superiores de instituciones de vida consagrada y los cuatro dosieres entregados por el periódico El País, que ha investigado el tema.
En el informe del Defensor del Pueblo relucen tres casos de abusos sexuales comunicados por la Diócesis de Menorca, aunque no se especifican cuándo se produjeron. Lo único que se detalla es que fueron agresiones cometidas por tres sacerdotes, y que ninguna de ellas se resolvió por procedimiento civil, es decir, por el sistema de Justicia del Estado. Dos de estos casos sí que fueron tramitados por el procedimiento canónico, es decir por la propia Iglesia. En el informe se explica que en estos casos lo habitual es que se actuó así al haber prescrito el delito, el agresor ya está fallecido o que la víctima no quiso denunciar.
El informe también recuerda que cada localización no implica necesariamente un solo agresor y una sola víctima. De hecho, hay centros educativos, como colegios, seminarios, que incluyen casos de varios agresores y con varias víctimas en el mismo o diferente periodo de tiempo; o parroquias con un agresor y numerosas víctimas. De igual modo, aunque sea excepcional, un agresor puede haber generado distintas localizaciones al actuar en sitios diferentes con víctimas sucesivas, según señala el documento.
El 11,7 % de los españoles afirma haber sufrido abusos sexuales antes de cumplir 18 años y un 0,6 % que ha sido agredido sexualmente por un sacerdote o religioso católico, según el informe. Un 1,13 % indicó que había sido agredido en el ámbito religioso, concepto que incluye a personal o profesorado de centros religiosos. El Defensor, Ángel Gabilondo, ha presentado estos datos al entregar su informe en la Cámara Baja, un documento que no cifra el número total de víctimas de los abusos cometidos en el seno de la Iglesia.
Gabilondo ha evitado también interpretar o extrapolar los datos de la encuesta, encargada a GAD3 para contextualizar el problema y con una muestra de 8.013 personas. Según ese sondeo, un 3,36 % manifiesta que el abuso se produjo en el ámbito familiar. El 72 % de los encuestados considera que el abuso sexual infantil es un problema social muy grave y un 24,4 % lo ven bastante grave. Sin embargo, la mayor parte de las personas encuestadas consideró que no se están tomando las medidas adecuadas para combatirlo.
5 comentarios
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Maja¿Por qué tendíamos que empezar por donde a ti te da la gana?
MajaEs que el número de afectados es de casi medio millón contra medio centenar. Por mucho que lo intentes la magnitud del delito es incomparable.
Muy bien que se informen, y se persigan, los abusos por parte de eclesiásticos o de personas de vida consagrada. Pero ¿qué tal si empezamos por los niños abusados mientras estaban bajo tutela del Gobierno Balear o de la Administración balear en general?
Es un tema delicat, la premsa nacional diu q casi mig milió de persones van rebre abusos per part de l'església. Masa gent, aixo no pot quedar axis. Es necessari q l'església cooperi de veritat i els culpables siguin duits davant el jutge. Les víctimes necessiten una resposta i una reparació, potser han quedat marcats per tota la vida. Es molt cruel.
Se ha calculado que 400.000 personas en España han sufrido abusos por parte de miembros de la Iglesia. Una empresa con 400.000 delitos estaría más que cerrada para siempre.