Jaime Far, exdirector de la Oficina Anticorrupción. | MIQUEL A. CAÑELLAS

TW
27

El informe de la Sindicatura de Comptes sobre la gestión de la Oficina Anticorrupción durante 2021 sigue detectando irregularidades en materia de personal, aunque el estudio de auditoría reconoce que no tienen el alcance de las detectadas en los dos años previos. También hay numerosos fallos en contratos menores, pluses que no deberían pagarse y abonos del complemento de carrera profesional sin la debida homologación.

La Sindicatura entregó este miércoles al Parlament el informe del año 2021, que en su mayor parte fue gestionado por el exdirector Jaime Far, ya que presentó su renuncia en noviembre de ese año. Far fue sustituido por Cristòfol Milán, actual director. El informe incide en que falta motivación en los contratos que realiza la Oficina, con justificaciones que no son correctas.

Pero donde se muestra más crítico es en la gestión de personal, un reproche que se mantiene desde el año de creación de la Oficina. La Sindicatura ha detectado numerosos pagos de más a los empleados de la Oficina, que han tenido que devolver lo cobrado de más. Un empleado tuvo que devolver 2.500 euros que no le correspondían, pero hay goteo de pagos indebidos de 300, 400 o 500 euros.

Otro elemento en el que incide la Sindicatura es que sigue sin crearse la comisión de validación para la contratación de personal. Este órgano específico de la Oficina Anticorrupció figura en la Ley que aprobó el Parlament de creación de la Oficina, pero nunca se ha puesto en marcha. La Sindicatura insiste en que deben respetarse los procedimientos que marca la ley y ponerse en marcha este organismo.

Como en ejercicios precedentes, el informe detalla que la carrera profesional se está pagando sin justificación, sin «resoluciones de homologación», que es el término que emplean los síndicos. Señala que basta con que un empleado diga que le corresponde la carrera para que la cobre. También reprocha algunas bonificaciones sociales que se han pagado por jubilación que no estaban justificadas en absoluto.

El informe de la Sindicatura de Comptes hace además una mención al requisito del catalán. Quiere saber si los empleados a quienes se dio dos años para que acreditaran esta exigencia lo han hecho, ya que, en caso contrario, deberían ser removidos de sus puestos.