En concreto, el TSJIB ha estimado íntegramente cuatro recursos presentados por Europa Press contra las medidas de investigación acordadas hace cuatro años, después de que el Tribunal Constitucional, en marzo de 2022, diera la razón a los periodistas y declarase su derecho a impugnar las medidas.
En detalle, son tres autos por los que el juez ordenó obtener los listados de llamadas de la periodista Blanca Pou y del teléfono de la delegación de Europa Press en Baleares, al igual que para el periodista Kiko Mestre y la redacción del Diario de Mallorca, en una investigación por filtraciones del caso Cursach. El juez también mandó recabar los geoposicionamientos de los móviles.
El cuarto auto ahora anulado es el dictado en diciembre de 2018, por el que la Policía Nacional entró en las redacciones de ambos medios y se incautó de los móviles y ordenadores de los periodistas. Los redactores consideraban que se había vulnerado su derecho al secreto profesional pero, al no tener la condición de investigados, no pudieron impugnar las resoluciones y elevaron el asunto al Constitucional.
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