Rueda de prensa tras el Consejo de Ministros

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con cara de satisfacción durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros en La Moncloa. Foto: EFE/ Juan Carlos Hidalgo MADRID, 04/10/2022.- La ministra de Hacienda, María Jesús Montero durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros celebrado este martes en La Moncloa. EFE/ Juan Carlos Hidalgo | Europa Press | MADRID

Sabrina VidalPalma06/10/22 17:41
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Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) destinarán a Balears 186,29 millones de euros para inversiones en 2023, lo que supone un 1,4% de esta partida global para todas las comunidades cifrada en 13.443 millones. El Archipiélago recibirá 14 millones de euros más que el año pasado (cuando fueron 172,35). Esta cifra supone una inversión de 152,2 euros por habitante, cuando la media estatal está por los 280.

Ahora bien, las cuentas generales recogen por segundo año consecutivo el factor de insularidad del Régimen Especial Balear (REB), con una dotación adicional de 110 millones para compensar los costes añadidos de ser Islas. Se trata de 70 millones menos que el año pasado porque en las cuentas de 2022 se incluyeron partidas retrasadas. Es decir, los 110 millones es la cantidad aprobada y fijada anualmente.

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Además de las inversiones generales de las cuentas que el Gobierno ha trasladado este jueves al Congreso de los Diputados para su debate y posterior aprobación, se recogen los 20 millones de euros finalistas anunciados el lunes pasado por el presidente Pedro Sánchez en Marratxí, para el tranvía de Palma.

También se contempla la redacción de los proyectos de los nuevos edificios de juzgados de Ciutadella, y una partida para licitar e iniciar las obras de los nuevos edificios de juzgados de Manacor. Por otra parte, para el impulso de la digitalización de los destinos turísticos y de las empresas turísticas, está prevista una inversión de 152 millones de euros a repartir entre los territorios de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.

Las cuentas del Estado recogen de nuevo las deducciones legales que disfrutan los residentes de estos mismos territorios aplicables a las tarifas de los transportes de tráfico regular directo con la Península, así como a desplazamientos interinsulares dentro de los archipiélagos correspondientes. El Estado quiere aprobar una partida de 825 millones de euros para las bonificaciones del 75 % de los traslados.