Este apartado es, precisamente, el que Madrid cree que puede ser inconstitucional. De momento, antes de llevar el asunto al Tribunal, ha decidido la creación de una comisión bilateral para resolver las discrepancias jurídicas entre las dos administraciones. Es el paso previo al recurso y se hace con el fin de llegar a un acuerdo y evitar que el asunto acabe en el Constitucional.
Los puntos cuestionados facultaban al Govern a adoptar medidas en el caso de una alteración «extraordinaria e imprevisible» de los precios de los materiales para los contratos iniciados con posterioridad al 1 de enero de 2021 y con una serie de condiciones. El decreto considera que esa alteración extraordinaria e imprevisible se da cuando los costes aumenten por encima del 6 % con respecto al coste del contrato. El decreto permite establecer compensaciones económicas al contratista, modificaciones del contrato o bien otras medidas que considere necesarias. Se daba un plazo de tres meses para resolver el procedimiento, desde la presentación de la solicitud.
Servicios de transporte público
Otra de las medidas cuestionadas por el Gobierno tiene que ver con la revisión excepcional del precio del contrato de concesión de servicios de transporte público regular de viajeros de uso general de Mallorca. El Govern reconoció a los concesionarios la posibilidad de una revisión excepcional del precio del contrato de concesión, que recoja el incremento del coste del consumo de gas natural comprimido. Por el contrario, el Gobierno no cuestiona otras ayudas incluidas en el decreto, como los beneficios fiscales aplicables a determinadas tasas portuarias de la Comunitat, ya que son de competencia exclusiva de Balears. Tampoco considera que haya problemas en las medidas aprobadas para agilizar la tramitación de las subvenciones, que también se incluyeron en el decreto ley del Govern.
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