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El Consejo Ciudadano Autonómico de Podemos se opone al plan anunciado por el Govern para aumentar el precio de la VPO y permitir la salida de suelo al mercado para construir hasta 15.000 viviendas. El máximo órgano de la formación se reunió el sábado para analizar medidas que resuelvan el problema de la vivienda, pero se opone a la propuesta anunciada el viernes por la propia presidenta del Govern.

El partido pide a sus socios que no se dejen «presionar» por patronales inmobiliarias y grandes fondos de inversión «que solo buscan seguir haciéndose de oro» y que den «absoluta prioridad» a solucionar de manera efectiva el problema de la vivienda en las Islas este último año de legislatura. Podemos cree que la construcción de nuevas viviendas debe ser «la última opción», según señalan en un comunicado remitido a los medios.

Pisos vacíos El Consejo Ciudadano Autonómico subraya que es necesario poner el foco en movilizar las 70.000 viviendas vacías que existen hoy en día en Balears, muchas de ellas en manos de grandes tenedores . «Deben poder ponerse a disposición de la ciudadanía», según la dirección de Podemos, encabezada por Antonia Jover.

Podemos reclama que los presupuestos para 2023 hagan un esfuerzo para dotar ampliamente las partidas para políticas de vivienda social, incluyendo un aumento considerable de las ayudas para el alquiler . Insta además a los partidos que se pongan a trabajar para que puedan aplicarse las medidas que propuso hace unos días, entre ellas la cesión por parte de la SAREB (banco malo) de sus viviendas y del suelo urbanizable y rebajar de diez a cinco el número de viviendas para ser considerado gran tenedor. También piden que no pueda comprar una vivienda quien no lleve al menos dos años se residencia oficial en las islas.

Aseguran que el problema de la vivienda se debe al «atractivo especulativo» que generan las Islas y piden que se corte «de raíz» este problema «con propuestas legislativas intervencionistas, que hagan bajar los precios».

La formación morada insiste en que el diseño de los presupuestos para 2023, que serán los últimos que gestionará el Pacto de Progreso antes de las elecciones, serán vitales en este sentido y proponen incluir un aumento considerable de las ayudas para el alquiler e incentivos a los propietarios de esas 70.000 viviendas vacías para que las pongan a disposición de las instituciones encargadas de gestionar el parque público.

15.000 pisos Los socios de Armengol discrepan del anuncio hecho por la presidenta y los promotores inmobiliarios de que el precio máximo de la VPO pasará de los 1.940 euros por metro cuadrado actuales a 2.340 euros. Con esta medida, se calcula que podrán salir al mercado unos 15.000 pisos a un precio que rondará los 200.000 euros.

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