La Guardia Civil ha aportado a la magistrada una cantidad de documentación ingente tras los registros llevados a cabo en las sedes de la Autoritat Portuària en Palma, Ibiza y Menorca. | Daniel Espinosa

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«La ley va en contra de los clubes náuticos, no lo dudes». Joan Gual, expresidente de la Autoritat Portuària de Balears, en una conversación telefónica que forma parte del sumario del ‘caso Puertos', explica los intentos llevados a cabo desde Balears para intentar proteger a estas entidades y evitar concursos abiertos que las dejará fuera de la gestión portuaria. Los clubes tradicionales, entre ellos el de Eivissa, el de Maó y el de Palma, ante el riesgo de perder las concesiones, presionan a políticos locales. «Aún les tienen miedo», dice Gual en una conversación. El que protagoniza la última pieza del caso es el hermano de Pilar Costa, que ejerce de intermediario entre el Club Naútico de Eivissa y la Autoritat Portuària. Además, en el sumario se relatan intentos para que la diputada Sofía Hernanz impulse una nueva legislación más favorable a los clubes.

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En otra conversación entre el alcalde de Ibiza, Rafael Ruiz, y el propio Gual, éste señala: «El otro día, hablando con el presidente de Ports del Estado sobre que Francina (Armengol) había hablado con el ministro (Ábalos) le dijo, Paco entérate de lo que pasa, por saber... Ahora, lo de la iniciativa parlamentaria por los clubs, no sé si nos la comprarán». En ese intento de proteger los intereses de los clubes locales, Gual también insiste con varios interlocutores sobre los riesgos legales y la necesidad de tener cuidado ante posibles denuncias. También desvela que la empresa que competía con el Náutico por la concesión reclamaba cuatro millones de euros para retirar el procedimiento contencioso que mantenía la adjudicación de Eivissa paralizada.

La investigación judicial del caso arrancará el lunes de la próxima semana. La magistrada instructora, Martina Mora, ha citado para ese día a cuatro testigos. Entre ellos está Begoña Ballano, directiva de Puertos del Estado. Su declaración es una de las que debe servir para aclarar las posibles presiones políticas y órdenes de arriba en la adjudicación de Eivissa. Según pone de manifiesto un auto de la propia magistrada, Ballano intervino para ordenar al representante de Ports en el Consejo de Administración de la Autoritat Portuària que se abstuviera o votara a favor en una reunión en la que se decidía qué hacer después de que el TSJIB anulara el concurso para el Naútico de Ibiza. Se había incluido una cláusula que premiaba al club por su «arraigo» y que fue considerada ilegal. El consejero de APB optó por renunciar a su puesto y dimitió, tras otros desacuerdos previos por la gestión de Menorca.

El apunte

Gual tendrá que volver al juzgado el 5 de julio

Joan Gual de Torrella tendrá que comparecer en el Juzgado de Instrucción 3 de Palma el próximo 5 de julio. A partir de ese día, la instructora ha señalado la declaración de todos los investigados por el supuesto amaño de la concesión del Náutico de Eivissa. Ese día también declarará el exvicepresidente de la entidad y la directora de la Abogacía del Estado en las Islas, Dolores Ripoll. Las comparecencias se prolongarán hasta el día 12,.Antes, en junio, tendrán que declarar cuatro testigos.