La coincidencia política entre los gobiernos de Baleares y de Madrid no significa que no haya tensiones legislativas entre ambos. Un simple repaso al BOE o al Butlletí Oficial de les Illes Balears permite ver a las claras que el Gobierno vigila muy atentamente todo lo que se aprueba en el Consell de Govern o en el Parlament. Desde que Pedro Sánchez es presidente, a mediados del año 2018, el Gobierno ha impulsado un total de 24 impugnaciones a leyes aprobadas en Baleares, una cifra muy elevada si se tiene en cuenta que, desde esa misma fecha, Balears ha aprobado un total de 52 leyes o decretos ley. Es decir, casi la mitad de las normas legislativas aprobadas en las Islas desde que Sánchez es presidente ha recibido una amenaza de inconstitucionalidad por parte del Gobierno.
Las normas cuestionadas
Algunas de las normas sobre las que el Gobierno ha alertado de posible inconstitucionalidad fue el intento del Govern de fijar la vacunación obligatoria para el personal sanitario y sociosanitario. También la figura del agente COVID fue cuestionada, pero al final se ha llegado a un acuerdo para mantenerla cambiando una serie de funciones.
El Gobierno amenazó con llevar al Constitucional leyes tan sustanciales para la izquierda, como la de vivienda, cambio climático o residuos y se evitó el recurso gracias a que se introdujeron cambios en el texto inicial aprobado en las Islas.
La directora general de Coordinació, Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat, Isabel Castro, explica que el elevado número de advertencias de inconstitucionalidad responde a que se ha legislado mucho durante este periodo como consecuencia de la pandemia. Aclara, además, que esos avisos no afectan a toda la ley, sino a artículos muy específicos. El último, de hace unos días, afecta a la ley de Presupuestos en un artículo muy concreto sobre la implantación de la ley de residuos en Formentera.
Castro destaca que todas las discrepancias han acabado en un proceso de negociación y no se ha llegado al Constitucional, algo que sí pasó con la ley de los toros a la balear durante el mandato de Mariano Rajoy. Incluso destaca que, para resolver las discrepancias, el Gobierno ha llegado a incorporar en su propias leyes normativa aprobada antes en Balears. Es el caso de las leyes de cambio climático o de residuos, señala Castro.
No lo ve de la misma manera la oposición. «El Govern gestiona mal, pero además legisla mal y está sustituyendo al Parlament en su labor legislativa con decretos leyes y con leyes rodillo donde no se escucha ninguna de las propuestas de la oposición», señala la diputada del PP Núria Riera. Considera «preocupante» que haya tantas controversias y afirma que eso pone de manifiesto que el Govern no quiere dar «seguridad jurídica» a las leyes. «Hace leyes para conseguir titulares», señala.
También lamenta que no se asesore debidamente por parte de los funcionarios y recurra a «amiguetes». Riera ha pedido los informes jurídicos que acompañan a los decretos ley aprobados y la respuesta ha sido la misma en todos: que no tienen la obligación de solicitarlos. Lamenta que el Govern no rectifique tras tantas advertencias y dice que el PP derogara las «leyes churro».
6 comentarios
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@ Menorquín viajero: si, de ser como dices, al día siguiente bajaba el precio del pan y de la gasolina. Tu propuesta es la que ya estamos viviendo, gobernar bajo el chantaje de minorías cuyo interés esta mas en lo identitario y el populismo que en el desarrollo económico y en el bienestar de las personas. ¿ Donde estan todos los charlatanes de Podemos y de IU que pregonaban que con ellos no subiría la factura de la luz?, pues estan, como tu, haciendo ver que si gobernaran solos estaríamos en el Pais de las maravillas y haciendo leyes, que se saltan todos los reglamentos, con las que mantener a la parroquia que sólo entiende la vida pública bajo la manipulación del populismo.
No és el president del Govern qui impugna les Lleis. És l'Administració de l'Estat. Els funcionaris de l'estat revisen qualsevol llei i si troben que hi ha qualsevol invasió de competències o qüestió d'inconstitucionalitat recurreixen les lleis. Això no forma part de la tasca del Govern ni depèn de la seva voluntat. És lògic ja que les administracions s'han de subjectar a allò que diuen les lleis de l'Estat i la Constitución. Imaginau que passaria si qualsevol autonomia es pogués posar d'acord amb el Govern de torn i aprovar les lleis autonòmiques sense tenir en compte la legislació estatal?. Un titular molt mal posat que no reflecteix la realitat i que recull l'opinió, parcial i esbiaixada, de qui fa la declaració.
Si en las Illes votáramos a un partido local no-afiliado al PSOE/PP y con ello tuviéramos un gobierno no-satélite y que consecuentemente los votos de nuestros diputados fueran inidispenables para mantener al gobierno central de turno, ya veríais como no habrían tantas normas anticonstitucionales. Y podríamos progresar, no como ahora que sea de un color u otro, no dejan que levantemos el vuelo.
Aquí viene que ni pintado, el título de aquella película... "Entre pillos anda el juego".
Ambos son personajes de la peor calaña, pero Armengol se lleva la palma: Sanchez utiliza a los indepes para sus intereses, pero le caen igual de bien que una patada en los h.., en cambio Armengol se lo cree, se cree la historias de Catalàn, de los indepes, y todas sus historias dels "paisos catalans".