El auto señala que no concurren los requisitos para estudiar este asunto como se hace con las causas relacionadas con medidas sanitarias por la pandemia porque lo que se impugna es una apelación que hace que ese confinamiento no esté activo. Es decir, decida lo que decida el Alto Tribunal, en este caso las consecuencias prácticas serán nulas y el único posible interés de la sentencia será establecer posibles criterios para futuros confinamientos similares.
La cuarentena forzosa de los estudiantes fue establecida el pasado mes de junio ante la existencia de un macrobrote relacionado con viajes de estudio que, de Mallorca, se extendió por varias comunidades autónomas. Un juzgado de lo Contencioso de Palma lo anuló al considerar que no se justificaba de manera suficiente el motivo del encierro y que no se detallaba quién era contacto estrecho de positivos por coronavirus.
Esa decisión provocó la salida de lo estudiantes de la Isla. Hace una semana el Tribunal Superior de Justicia de Balears consideró incorrecto este criterio y, en una dura resolución en la que decía que los jueces no son epidemiólogos, avalaba el encierro. La Fiscalía anunció recurso y ahora tendrá que formalizarlo por otra vía si quiere mantener esta posición ante el Tribunal Supremo.
En paralelo hay abierta una investigación penal contra la directora general de Salut Pública, Maria Antònia Font, por al menos tres denuncias de padres de los estudiantes que la acusan de detención ilegal. Tras la sentencia del TSJIB, la Abogacía de la Comunitat pidió el archivo de estas actuaciones.
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