El Govern balear recibirá 64,3 millones de euros de los fondos europeos de recuperación y resiliencia por la covid-19, en virtud del convenio firmado este jueves por la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, y la presidenta del Govern balear, Francina Armengol.
Belarra ha detallado en una rueda de prensa que los fondos llegarán en tres ejercicios, empezando por 17,8 millones este año. En 2022 llegarán 22 millones y e 2023 serán 24,5 millones.
Está previsto que 33,2 millones vayan a la construcción de 430 plazas residenciales y de centro de día; 8,6 millones a crear 264 plazas con la reforma de residencias públicas; 7,5 a crear plazas de atención a menores tutelados; y 7,4 millones a desarrollar e implementar la historia social única electrónica.
Además 6,4 millones irán a reforzar la teleasistencia y atención domiciliaria y 0,9 a mejorar la accesibilidad.
La ministra ha asegurado que el convenio firmado en el Consolat de Mar supone la concreción de «poder empezar a invertir de una vez por todas los fondos europeos y que empiecen a llegar a los bolsillos de la gente de nuestro país».
Ha subrayado que la inversión «busca reactivar la economía de los cuidados, que no se puede deslocalizar, que garantiza los derechos de las personas y reactiva la economía con empleos dignos, en un sector muy feminizado».
Belarra considera que, una vez avanzada la vacunación contra la covid-19, es un «momento clave» para «poner las bases de la reconstrucción social» y de hacerlo «sobre nuevos cimientos», basados en lo aprendido durante la pandemia.
«La pandemia nos ha enseñado que cuando todo se para, los cuidados no se paran y son claves para el sostenimiento», ha afirmado y ha defendido que la necesidad de brindar una atención adecuada en los cuidados de larga duración y que las instituciones deben invertir para garantizar a los mayores la dignidad al final de sus vidas y también a quienes estén en situación de dependencia.
Ha señalado que si los mayores y personas con dependencia han quedado relegadas a un segundo plano, este convenio «tiene que ver con escuchar sus deseos» y dar respuesta a que los mayores quieren «quedarse en sus casas el mayor tiempo posible, con los apoyos necesarios» y, si van a residencias, contar con lo necesario.
«Queremos apostar por la teleasistencia, reforzar la ayuda a domicilio y que, en la atenciones residenciales estén centradas en la persona», ha añadido.
La presidenta Armengol ha destacado que la mirada esté puesta en los servicios sociales y la economía de los cuidados, que serán relevantes en la mejora del modelo económico, como uno de los nichos para crear puestos de trabajo de calidad y estables.
Dado que los cuatro consells tienen la competencia en servicios sociales, el Govern firmará sendos convenios con las instituciones insulares «que gestionarán el 21 % de este presupuesto», ha detallado Armengol.
Ha recordado que de los 279 millones de la recuperación que llegarán a Baleares, parte irán también a servicios sociales, y ha destacado que las instituciones quieren «devolver con inversión pública» parte del esfuerzo hecho por los ancianos en la pandemia, cuando «las personas mayores han sufrido muchísimo, han cumplido las normas sanitarias y han tenido que estar en soledad en muchas ocasiones».
La consellera de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago, ha detallado que los 64,3 millones se destinarán a la construcción de nuevas residencias y la reforma de otras, a teleasistencia y programas dirigidos a menores tutelados y extutelados y a modernizar servicios sociales.
Se están concretando los proyectos pero parte de los 64,3 millones irán a la residencia de Sant Llorenç y también a la del antiguo Son Dureta, en Palma, que este año contará ya con proyecto arquitectónico para cumplir los plazos que fija la UE.
Santiago ha destacado la «novedad importante» de que con estos fondos Europa reconoce por primera vez que los servicios sociales forman parte de la solución a la necesidad de diversificar la economía. «Hasta ahora solo eran fondos sociales y ahora están en estructura económica y no son considerados solo gasto, sino inversión en creación de empleo».
También ha destacado la coincidencia entre el Govern y el Gobierno central «en el diagnóstico y el proceso de resolución de problemas».
Santiago ha recordado que se ha logrado el reconocimiento de la población actual para poder firmar los convenios, cuando «todavía hasta hace dos años se consideraba la población de 1997». «La financiación de la dependencia y el incremento de los presupuestos para las prestaciones de dependencia eran reivindicaciones de la comunidad autónoma que se están consiguiendo», ha señalado.
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