Fin del estado del alarma en Balears: la vida sigue casi igual

Las nuevas restricciones tras el estado de alarma

El prólogo de este último estado de alarma, que entró en vigor en octubre, es un final verano marcado por restricciones a nivel autonómico. La temporada estival de 2020 queda ya en la memoria de la pandemia en España como un breve paréntesis en mitad de la crisis. España finalizaba el proceso de desescalada el 21 de junio tras el confinamiento y con ello decaía el estado de alarma.

El país abordaba el verano con esperanza, con los datos sanitarios estables y a la baja, y con una reactivación moderada de la economía. Pero aquello sólo fue espejismo de la tan ansiada vuelta a la normalidad. El coronavirus seguía presente y antes de finalizar agosto algunas comunidades, entre ellas Baleares, se veían golpeadas por una nueva ola. En esta nueva normalidad las comunidades establecían algunas medidas, previa autorización judicial, para tratar controlar la situación sanitaria. Esta nueva gestión comenzó a dar problemas. La justicia y las políticas sanitarias chocaban en otra nueva escalada de contagios. Así, el domingo 25 de octubre, tras un consejo de ministros extraordinario, el Gobierno aprobaba de nuevo el estado de alarma a nivel nacional, con la advertencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que su intención era la de abrir un tercer estado de alarma por período de seis meses.

El Ejecutivo trataba así de evitar el desgaste, el cada vez más crispado debate en el Congreso cada 15 días y ofrecía cobertura jurídica a las Comunidades Autónomas para actuar durante un plazo largo de tiempo contra el coronavirus. De este modo, este nuevo estado de alarma de la pandemia entraba en vigor con tres medidas clave: el toque de queda entre las 23:00 y las 6:00; la prohibición de salir de la comunidad o ciudad autónoma de residencia, y la limitación de los grupos en lugares de uso público a seis personas no convivientes.

Los meses más duros

El estado de alarma concluye ahora marcado, eso sí, por las olas más duras de contagios y fallecidos. Desde el mes de noviembre, cuando empezó a subir la curva de nuevo en Baleares, han perdido la vida 428 personas. Esta alarma también es la del inicio de la vacunación contra la COVID en plenas fechas navideñas. La inmunización comenzaba con muchas esperanzas entre los más mayores, el sector más afectado por el virus. No obstante, arrancaba a trompicones, con retrasos de las farmacéuticas en las entregas, y con los primeros trombos paralizando la campaña en diferentes grupos.

Este último medio año ha agravado, sin duda, la economía del país y de la comunidad. El PIB en Baleares se ha contraído un 15 por ciento en el primer trimestre, la caída más fuerte del país, a la espera todavía de la llegada de las ayudas europeas, y con el panorama turístico duramente afectado por un año de sequía y una ausente temporada de Semana Santa.

Algunos sectores, como el de la restauración, han sufrido su estocada más dura en este último tramo del estado de alarma. En el impacto de la tercera ola, un cierre total de estos negocios abocó a la ruina de algunos, mientras otros todavía hoy luchan por sobrevivi. Esí sí, ha logrado iniciar su tan esperada desescalada (consulta aquí los nuevos horarios). Todo ello con un mes de abril marcado por las cifras del paro, las peores del país con una subida del más de 13 por ciento.

Este mes de mayo, con la vacunación relanzada y la situación sanitaria estabilizada, arranca una nueva etapa, pero el fin del estado de alarma en Baleares traerá pocas novedades en cuanto a restricciones. El Gobierno, sólo días después de que el PSOE haya recibido el golpe de Ayuso en las elecciones madrileñas, da un paso al lado en el amparo de las restricciones, y las autonomías vuelven a tomar sus batutas. Baleares ha logrado mantener las tres restricciones más «efectivas», a su juicio, para combatir al virus: el toque de queda, los contactos sociales, los controles sanitarios en las entradas y la limitación de personas en determinadas celebraciones. Todo ello con el aval de TSJIB y con el descontento de una parte de los ciudadanos.