Ni una pandemia mundial evita que los vigilantes ojos del Gobierno dejen de examinar con lupa todas las leyes que aprueba el Parlament balear y en esta ocasión la mirada se ha puesto nada menos en la ley de medidas extraordinarias para el impulso de la actividad económica.
El Gobierno acaba de comunicar al Goven que varios artículos de esta ley de medidas urgentes aprobada el pasado mes de octubre pueden ser inconstitucionales. El Butlletí Oficial de las Illes Balears (BOIB) publicaba ayer que el Govern y el Gobierno han acordado constituir una comisión para resolver las discrepancias con esta ley. El Gobierno cree que hay dudas legales sobre ocho artículos de la ley y siete disposiciones finales y adicionales.
Compras
Entre los artículos que cuestiona el Gobierno están disposiciones relativas a los sistemas de compras de los equipos sanitarios de protección individual y a la posibilidad de que el Govern priorice las compras de estos equipos a fabricantes de las Islas. También duda de varias disposiciones relativas al método para comprar medicamentos para hospitales y centros de salud a precio fijado o medicamentos genéricos.
El Gobierno plantea dudas sobre un artículo de la ley en el que se regula la movilidad temporal del personal estatutario y cree que algunas cuestiones referidas al reconocimiento extrajudicial de créditos no tiene cabida legal.
El Gobierno no ve claro que la ley permita que el edificio de la antigua central térmica de Alcúdia, así como las instalaciones y los terrenos adyacentes, se puedan adscribir al ámbito fijado en la delimitación de espacios y usos portuarios (DEUP) del Puerto de Alcúdia con los usos que determine en todo caso el Plan Especial del Puerto.
Considera que debe negociarse la disposición adicional que modifica la ley de transporte de Balears, la que cambia la ley de carreteras de las Islas y la de residuos y suelos contaminantes. Cuestiona también cambios en el decreto por el que se crean determinadas categorías de personal estatutario en el ámbito del Servei de Salut y se establece un procedimiento extraordinario de integración, además de la modificación de Evaluación Ambiental de las Illes Balears.
Este amplio cuestionamiento de una de la leyes esenciales de la legislatura tiene un largo recorrido previo porque el Gobierno ya amenazó con llevar al Constitucional el decreto ley que fue el embrión del texto, y que terminó tramitándose como ley porque Més per Menorca así lo hizo valor en el Parlament.
El Gobierno amenazó con impugnar aquel decreto, pero Govern y Gobierno llegaron a un acuerdo para modificar la norma en la tramitación de la ley. Así se hizo, pero ha servido de bastante poco porque ahora es la ley lo que cuestiona el Gobierno.
Las dos administraciones deberán sentarse a negociar para evitar que el texto legal llegue al Constitucional. El BOIB publicaba ayer otro acuerdo interpretativo entre ambas administraciones en otra de las normas estrella de la legislatura: el decreto ley de medidas urgentes para la protección del suelo rústico, que se aprobó pocos días después del que ahora amenaza con recurrir el Gobierno de Pedro Sánchez si no se modifica.
La fijación con el impacto ambiental
El Govern se ha encontrado con otra sorpresa del Gobierno: vuelve haber una amenaza de inconstitucionalidad sobre la legislación de evaluación ambiental de las Islas. El Gobierno amenaza con recurrir el texto refundido de la ley ambiental que ya se modificó tras una amenaza de Madrid que obligó a cambiar a cambiar la ley.
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