La Oficina dels Drets Lingüístics se pondrá en marcha en dos semanas

Pero, ¿qué podrá hacer? ¿Cuáles serán sus funciones? Más allá de «velar por la protección de los derechos lingüísticos», recogerá y tramitará sugerencias y reclamaciones, atenderá las consultas que reciba, propondrá medidas a fin de mejorar la normativa y favorecerá la cooperación entre entidades públicas y privadas en materia de derechos lingüísticos, entre otras. Podrá actuar de oficio o a instancias de un tercero y no cursará las peticiones anónimas.

El decreto distingue entre las reclamaciones referidas a la Administración autonómica y las referidas al resto de instituciones o a particulares. En ambos casos la oficina trasladará la reclamación lingüística, pero solo la administración balear estará obligada a responder y adoptar medidas para corregir la situación.

Sin capacidad sancionadora

El decreto aclara que en ningún caso las reclamaciones se atenderán como recursos administrativos (que tienen validez jurídica). La oficina tampoco tendrá capacidad sancionadora. Beatriu Defior, la directora general de Política Lingüística, señaló al respecto que no puede tenerla porque la legislación lingüística no incorpora un régimen sancionador. Habría que modificar la ley. Defior señaló que esa potestad sería una herramienta «útil» ante casos graves o reiterados de vulneración de derechos lingüísticos; sin embargo, llamó a «no menospreciar la capacidad de arbitraje y mediación», que ha dado unos resultados muy satisfactorios en Canadá, por ejemplo.

La directora general se mostró escéptica acerca de si las instituciones del Estado permitirían esta capacidad sancionadora. «No creo que nos acompañara, el Estado está en fase de involución respecto al plurilingüismo».

El Consell patrocina una investigación sobre las actitudes lingüísticas de los jóvenes

El Consell de Mallorca anunció ayer que ha contratado dos estudios filológicos para promover la investigación lingüística. Uno lleva por título ‘Las actitudes lingüísticas de los jóvenes mallorquines' y lo realizará la doctora en sociolingüística por la Universitat Pompeu Fabra Anna Tudela. El segundo se titula ‘La implantación de la normativa sintáctica en los medios de comunicación baleares' y correrá a cargo de Elga Cremadas, doctora en lengua, literatura y cultura por la Universitat Rovira i Virgili. El Consell destinará 9.000 a los trabajos.