Ese cálculo se refiere a las que se hubieran necesitado sólo para el personal del IB-Salut durante la fase aguda del estado de alarma entre marzo y junio. Sin embargo, admite que el problema no es el número de las que se compraron sino el hecho de que se utilizase el procedimiento de urgencia ante los riesgos de sobrecoste y de fugas de capital que implica.
Las conclusiones definitivas de Anticorrupción descartan que el Govern haya abonado sobrecostes por este material. Sin embargo, sí realiza una serie de advertencias ante algunas «actuaciones puntuales que deben ser objeto de mejora y corrección por parte del IB-Salut». Así, por ejemplo, advierte que se han adjudicado más de diez millones a empresarios relacionados con sociedades off-shore en paraísos fiscales.
El informe inicial que hizo Anticorrupción en septiembre tenía un contenido mucho más duro que ha matizado después de las alegaciones de la Abogacía de la Comunitat. La principal discrepancia que plantea es el uso del procedimiento de emergencia más allá del estado de alarma. Los letrados del Govern justifican que se emplea por la situación de pandemia. El expediente de la Oficina queda zanjado con este informe sin que se hayan encontrado motivos para una investigación penal.
La Abogacía ironiza: «¿Un negociado con los chinos?»
La Abogacía de la Comunitat respondió a Anticorrupción con un duro informe en el que ponía de manifiesto las enormes dificultades para aprovisionarse de material sanitario durante el inicio de la pandemia, cuando China era el único proveedor mundial y la necesidad de contratar de forma urgente.
Así, ante las afirmaciones de la oficina de la necesidad de acudir a procedimientos de contratación abiertos, ironiza: «¿Nos preguntamos por qué vía? ¿un negociado, un abierto? ¿con los chinos? No olvidemos que estamos hablando de un momento en el que competíamos a nivel mundial».
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