El Govern cuenta con una plantilla de 101 educadores para atender a los entre 80 y 85 menores ingresados en centros de reforma de menores con medidas judiciales. El más conocido es el de la imagen superior, Es Pinaret.

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La Conselleria d'Afers Socials i Esports ha despedido en los últimos cuatro años a cinco trabajadores –cuatro mujeres y un hombre– de los centros socioeducativos de justicia juvenil que gestiona, esto es Es Pinaret, Es Mussol y Son Fusteret, por conductas sexuales inadecuadas.

«Hemos tenido constancia de cinco casos en los que se han detectado conductas inapropiadas de trabajadores con menores aunque en ninguno de ellos se han dado relaciones sexuales completas según las declaraciones que realizaron las víctimas», reconoció este martes la consellera responsable, Fina Santiago, a Ultima Hora.

El primero de estos sucesos, detectado por el Govern del Pacte, ocurrió en el año 2016, otros dos se denunciaron en 2018 y los dos últimos el año pasado. En cuanto a la calificación de los mismos, dos de ellos se consideraron actuaciones muy graves (una en 2016 y otra en 2019) y los otros tres como graves.

«Cuatro trabajadores fueron denunciados a Fiscalía y los cinco fueron despedidos», aseguró Santiago, quien defendió una actuación contundente por parte del Govern. Cabe precisar sin embargo que uno de los ceses se produjo al finalizar un contrato que los responsables no renovaron y en otro de los casos se trataba de una persona que no superó un periodo de prueba. En el expediente más grave denunciado por la Conselleria se produjo una situación de acoso por parte del trabajador adulto al menor, mientras que en el otro se dio una conducta sexual «totalmente inapropiada», que pudo llegar a tocamientos por parte del educador.

«Los otros tres expedientes fueron por conductas sexualizadas graves al venir por parte del trabajador», especificó Santiago quien recordó que «en un espacio educativo los responsables tienen una función clarísima que es la de poner límites. Y uno de los límites que más se debe trabajar con menores de 14 a 18 años son los límites sexuales».

La consellera recalcó que el mensaje que quieren transmitir con el despido de estas cinco personas es que «bajo ningún concepto se consentirán conductas inadecuadas por parte de los profesionales que trabajan en los centros que gestiona el Govern».

Una vez se detecta una mala conducta por parte de los profesionales se abre un expediente, se informa al trabajador y se nombra a un instructor que recaba las pruebas si las hay, sin ser éste un proceso judicial al uso. Si el resultado es una infracción tipificada como grave o muy grave se procede al despido y se interpone una demanda judicial.

«Estas personas ya no podrán entrar en una bolsa de empleo del Govern pero sin una sentencia penal sí podrán acceder a otras. A las personas que trabajan con menores se les piden los antecedentes penales y se han descubierto algunos casos», advirtió la consellera.

Perfil de los educadores

En los centros de justicia juvenil trabajan muchos profesionales jóvenes que han accedido al empleo a través de una bolsa de trabajo a la que se apuntan con el grado de Educación Social o con un FP específico. En muchos casos cuentan con escasa experiencia en la atención directa de menores con medidas judiciales. El problema también es que «tenemos a gente joven trabajando con otra gente joven cuyas experiencias vitales muy diferentes», explicó Santiago quien recuerda que no se puede exigir ni un género determinado ni una edad específica para trabajar en estos centros para no discriminar.

El Govern balear cuenta con tres centros de justicia juvenil y dos pisos de convivencia para menores con medidas judiciales relacionadas con violencia filioparental. La ratio de educadores por menor es de 1,2, es decir, actualmente hay una plantilla de 101 profesionales para los entre 80 y 85 usuarios.

Respecto a los casos de explotación sexual que ha desvelado el IMAS, en el Govern aseguran que no han detectado ni tienen constancia de este tipo de casos, aunque cuando ingresan se verbalizan muchas experiencias anteriores.

La UIB inició un máster específico para justicia juvenil

La Conselleria d'Afers Socials junto con la Universitat de les Illes Balears pusieron en marcha un curso de postgrado para los trabajadores que formarán parte de la plantilla de los centros de reforma de menores porque para esta labor debe tener un componente emocional.

«Los educadores tienen que tener una formación específica en el ámbito juvenil, aunque se estudia durante la carrera, esta formación hace más inciso», relató la consellera. Con este máster además se realizan prácticas en los centros del Govern «no es lo mismo trabajar en una zona de ocio que en Es Pinaret».