La política del Govern para facilitar el acceso a la vivienda es deficiente, según los ciudadanos

El hecho de que esta problemática es más acusada en Ibiza y Formentera queda patente en la encuesta, ya que el porcentaje de ciudadanos de las Pitiüses que cree que el Govern podría actuar de forma más contundente en este ámbito es del 94 %.

Además, es la única zona de las Islas donde más de la mitad de los encuestados, aún siendo propietarios, están a favor de que la Administración fije un límite al precio del alquiler. Un 67 % de residentes en Ibiza y Formentera es partidario de que el Govern limite el precio del alquiler, casi el doble del porcentaje de entrevistados de Menorca y la Part Forana de Mallorca a favor de esta medida. En Palma, donde el precio del alquiler ha alcanzado máximos históricos, hay un empate entre los ciudadanos que ven con buenos ojos que se fije un límite y los que no.

Por otra parte, los resultados de la encuesta ponen de manifiesto que no existe un rechazo masivo al alquiler vacacional en Baleares. Sin embargo, en Ibiza y Formentera, donde la problemática de acceso a una vivienda es superior que en el resto de islas, existe un mayor porcentaje de ciudadanos en contra de esta actividad. Mientras que en el conjunto del Archipiélago un 45,7 % de la población considera que el alquiler vacacional ha reportado beneficios, en las Pitiüses solo un 25 % se manifiesta en este sentido.

En Palma, de nuevo, las posiciones están enfrentadas y hay un empate técnico entre los ciudadanos que creen que esta actividad ha conllevado beneficios y los que no, pese a las numerosas voces que se han expresado en contra del alquiler turístico en la ciudad. Sin embargo, una amplia mayoría está en contra de permitir la actividad en pisos, un porcentaje que aún es más elevado en las Pitiüses y que también es mayoritario en la Part Forana. Por contra, en Menorca, un 62 % de la población está a favor del alquiler turístico en pisos.

Finalmente, la encuesta revela que un 80 % de ciudadanos de Baleares cree que la construcción, tanto de viviendas como de infraestructuiras, ha sido un proceso incontrolado. Los menorquines son los que consideran que ha habido un mayor control en su territorio.