Si bien la salida de la crisis ha reducido la lista de personas en paro, desde las entidades sociales de las Islas han advertido de que la pobreza se ha cronificado.

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El porcentaje de personas en riesgo de pobreza en Balears en 2018 se situó en el 15,4 %, el más bajo de la última década, como se aprecia en el gráfico adjunto, y uno de los menores del conjunto del Estado. Así se desprende de la Encuesta de Condiciones de Vida que publica anualmente el Instituto Nacional de Estadística (INE), según la cual el porcentaje de personas en riesgo de pobreza en todo el Estado fue del 21,5 %. En las Islas, la cifra más alta se alcanzó en 2011, cuando se rozó en 23 %, aunque en 2017 fue del 21,3 %, hasta seis puntos más que la registrada el año pasado.

En 2018 también se alcanzó en las Islas el porcentaje más bajo de la última década de población en riesgo de pobreza o exclusión social, del 18,1 %. Para lograr esta cifra el INE utiliza el indicador AROPE, que se usa en la Unión Europea, y que agrupa tres componentes que miden pobreza, carencia material y baja intensidad de trabajo en el hogar.

Este descenso de las tasas de personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social puede atribuirse a la mejora económica de la sociedad, que encadena varios años de crecimiento, y a que este incremento del Producto Interior Bruto (PIB) empieza a trasladarse al conjunto de la ciudadanía. Hay que tener en cuenta que los convenios colectivos de los sectores con más trabajadores en las Islas han firmado aumentos salariales en los últimos años y que el sueldo medio de Balears se sitúa entre los que más han subido del Estado en el último año.

En los últimos meses Balears ha registrado niveles máximos de empleo. Pese a que todavía hay más personas en paro que antes de la crisis, el pasado mes de julio Balears alcanzó un récord de ocupación laboral por cuarto año. En cualquier caso, los sindicatos no cesan en sus reivindicaciones de que se debe mejorar la calidad del empleo, al considerar que la precariedad todavía es muy presente.

Precisamente el informe anual que realiza Càritas incide en esta cuestión. Dicho informe hace referencia también al elevado precio de la vivienda en las Islas, lo que dificulta el día a día de muchas familias, que se ven obligadas a destinar una parte importante de sus ingresos al pago del alquiler o a la cuota hipotecaria, además de abonar las correspondientes facturas energéticas, de agua y de la comunidad.

Según indicó el obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, la salida de la crisis ha sido desigual y «se han acentuado los extremos, de forma que los ricos lo son más, y los pobres, también». Hace solo unos meses que alertó de que la situación de la Isla «es de las más graves de España» ya que «aumenta el número de familias con ingresos provenientes de un trabajo que no llegan a final de mes». Una situación que atribuyó, sobre todo, al encarecimiento de la vivienda y a la precariedad laboral. Según explicó el obispo, se trata de familias mallorquinas, cuyos ingresos oscilan entre los 800 y los 1.000 euros mensuales, que sufren lo que se denomina «pobreza invisible».