Los centros tampoco podrán pedir la utilización de servicios asociados a los estudios que requieran una aportación económica. Se trata de algunas medidas recogidas en el nuevo decreto, que busca un reparto «más equilibrado» de los alumnos entre los diferentes centros de las Islas.
El nuevo decreto también modifica los baremos de puntuación, introduce obligaciones de transparencia para los centros y se reservan plazas para alumnos con necesidades educativas especiales para evitar la existencia de «centros gueto», entre otras novedades.
Modificación del baremo de puntuación
Pertenecer a una familia numerosa pasa a ser un criterio de prioridad en el sistema de puntuación para la admisión a los centro escolares de Baleares, incluyendo en esta categoría, las familias monoparentales con más de dos hijos. Además se añade como criterio prioritario la condición de deportista de élite.
Aumentan también las puntuaciones por tener familia en el mismo centro, incluyendo las categorías de hermanos, padres, madres o tutores legales. Si el padre y la madre o los dos tutores trabajan en el mismo centro, la puntuación es superior. Sin embargo, se elimina de este apartado la bonificación por ser hijo de un antiguo alumno del centro.
En cuanto a las circunstancias relevantes que también pueden otorgar un plus de puntuación, se tendrá en cuenta la condición de hijos de familias monoparentales(de las que no se bonifiquen por familia numerosa), hermanos de partes múltiples que solicitan plaza en el mismo curso y nivel educativo, alumnos con necesidades especiales de tipo motriz, sensoriales y auditivas, y, para el primer curso del segundo ciclo de educación, haber estado escolarizado en una escoleta de la Conselleria o a una escoleta de primer ciclo de educación infantil autorizada (EI, CEI).
Más transparencia
Con el nuevo marco legal, los centros tendrán que informar a las familias sobre todos los detalles de sus proyectos educativos, incluyendo el proyecto lingüístico, y publicarlos en su página web.
Con la puesta en marcha del nuevo decreto, los centros no podrán recibir cantidades de dinero por parte de las familias en concepto de reserva de matrícula.
Además, los colegios también deberán informar a las familias sobre el régimen legal de las aportaciones económicas, especialmente de su carácter voluntario, y no asociado a la escolarización.
Educación actuará ante las solicitudes con datos falsos
La nueva normativa, que será aprobada el próximo viernes por el Consell de Govern, introduce novedades para actuar contra las personas que presenten solicitudes utilizando datos o documentos falsos, o que oculten información.
No sólo perderán los derechos de prioridad sobre la plaza que les puedan corresponder, sino que Educación actuará de oficio contra estas personas y lo pondrá en conocimiento del órgano judicial competente o la Fiscalía. Además, los centros públicos podrán ser objeto de sanciones disciplinarias si se detectan irregularidades.
Con todo, a preguntas de los medios, el jefe de servicio de escolarización, Josep Antoni Cañabate, ha precisado que la cifra de casos de este tipo detectados por la Conselleria es baja respecto al total, y la ha tildado de «anecdótica».
Evitar la existencia de «centros gueto» para alumnos NESE
El conseller de Educación, Universidad e Investigación, Martí March, ha resaltado que la normativa pretende mejorar la distribución de alumnos, tanto en centros públicos como privados, especialmente de aquellos con una necesidad específica de apoyo educativo (NESE), para evitar la existencia de «centros gueto».
Por eso, el decreto establece una reserva de plazas en cada centro para el alumnado NESE, hasta el final del periodo de matrícula. Concretamente, los centros deberán reservar entre cinco y siete plazas para alumnos NESE en cada grupo, excepto en los cursos de cuarto de educación infantil, donde la reserva de estas plazas será de entre cuatro y cinco plazas.
Además la Conselleria podrá limitar la escolarización, fuera del plazo, de alumnos NESE en determinados centros con un elevado número de familias en situación de «desventaja social». El reparto de estos alumnos se hará de forma que ningún centro exceda el 30 por ciento en el porcentaje de alumnos NESE respecto al total de los escolares. Asimismo los alumnos con necesidades serán escolarizados «preferentemente» en centros ordinarios.
Solo se destinarán los alumnos NESE a unidades educativas específicas en centros ordinarios (UEECO) o a centros de educación especial «de manera excepcional».
Asimismo, tampoco se podrá ampliar el número máximo de alumnos por aula cuando existan vacantes en otros centros de la misma zona.
La Conselleria también contempla la opción de crear zonas escolares, para aplicar el criterio de «proximidad domiciliaria». Para velar por esta nueva normativa, se constituirán comisiones de escolarización que actuarán como «órganos de garantías» del buen funcionamiento de este sistema.
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