Ninguna pareja de los diputados ha entregado su declaración del IRPF

Es una disposición incorporada en la Ley de Creación de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Illes Balears. El texto establece que los cargos públicos tienen la obligación de formular una declaración patrimonial que abarque la totalidad de sus bienes, derechos, obligaciones y actividades. Añade que estas declaraciones se harán públicas y que, voluntariamente, «el cónyuge, la pareja estable o la persona con quien convivan en análoga relación de afectividad pueden formular esta declaración, que será aportada por el cargo público».

Ninguno de los diputados lo ha hecho, a pesar de que algunos de ellos participaron en la redacción del texto. Se trataba de un gesto voluntario, pero evidencia que los diputados son más estrictos a la hora de redactar leyes y algo más laxos a la hora de cumplirlas.

Acaba el plazo

El plazo para presentar las declaraciones acabó el viernes de la semana pasada y todos los parlamentarios la han registrado a tiempo. El hecho de que ninguno de ellos acompañe la declaración voluntaria del cónyuge o pareja ha sido una sorpresa relativa ya que algunos de los afectados acogió con estupor la carta del director de la Oficina en la que les recordaba su obligación y se les recomendaba presentar además las de sus parejas.

La misma recomendación de la Oficina se ha enviado también a todos los cargos surgidos de las pasadas elecciones, ya que el ámbito de actuación de Anticorrupció compete a todas las administraciones públicas de Balears. Eso implica que también los miembros del Govern deberán presentar la declaración de bienes y tendrán, también la oportunidad de incluir la renta de sus parejas o cónyuges. El plazo que ha dado Jaime Far a los responsables del Govern es de un mes desde que tomaron posesión.

Los responsables de la Oficina Anticorrupció están analizando ahora si la documentación presentada por los diputados es correcta para, a continuación, hacer públicas las declaraciones, algo que podría ser en breve.

La creación de la Oficina Anticorrupció fue uno de los puntos incluidos en los acuerdos firmados por la izquierda en la pasada legislatura a propuesta de Podemos. Sin embargo, la puesta en marcha de este organismo fue después cuestionada por algunos miembros del pacto.