La tasa de emancipación juvenil en Balears cae un 36 % en una década

Según un estudio del Consejo de la Juventud de España con datos del segundo semestre de 2018, desde 2008 hasta esa fecha la tasa de emancipación de la población de 16 a 29 años pasó en Balears del 35,6 % al citado 22,8 %.

En seis comunidades autónomas (Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, el País Vasco y Cantabria), esta proporción no alcanzaba ni el 17 %, entre otras cosas porque para que un joven pueda alquilar en solitario tiene que destinar más del 90 % de su salario, que es de una media de 900 euros al mes.

En Balears, al finalizar 2018 una persona joven tenía que aportar el 120,4 % de su salario neto para hacer frente a la renta de un alquiler.

En el conjunto del país, el alquiler ha perdido algo de terreno como fórmula mayoritaria entre los jóvenes emancipados (del 60,6 % en 2017 al 59,2 % en 2018), que no pueden dar el salto a la compra (sólo el 11,6 % con propiedad pagada y el 17,4 % con hipoteca) y que optan cada vez más por casas cedidas o a bajo precio (el 12 %). Es una tendencia que va en aumento la de vivir en casas cedidas por las familias que disponen de una segunda residencia.

Estos son algunos de los datos que se reflejan en el Observatorio de Emancipación Juvenil del segundo semestre de 2018, que presenta este jueves el presidente del Consejo de la Juventud, Manuel Ramos, y el sociólogo que ha trabajado en el proyecto, Joffre López; una «fotografía» de los principales problemas que tiene la juventud en cuanto a la vivienda y a nivel laboral o académico.

Y no es que en el último semestre de 2018 se haya producido un desplome repentino de la autonomía residencial de la población joven en España, sino que culmina un proceso que arrancó en 2009 y que, de una manera más o menos ininterrumpida, ha ido prolongándose hasta hoy, según el balance que se hace de las cifras en el Observatorio.

La proporción de jóvenes emancipados estuvo aumentado año tras año entre 2001 y 2008, pero a partir de ese último ha ido disminuyendo hasta regresar a cotas semejantes a las de mediados de la década de los noventa.

Pero actualmente, según el balance, no son sólo menos los jóvenes que pueden vivir fuera de casa de los padres, sino que cuando lo consiguen tienen más probabilidades de encontrarse en situación de vulnerabilidad económica y social.

Se trata del colectivo de edad con los índices de pobreza y exclusión más elevados, el 34,8 % de media, aunque las mujeres poseen actualmente un menor riesgo que los hombres, justo lo contrario de lo que sucedía en 2009.

Tener trabajo no les garantiza estar fuera de esos índices porque de ese 34,8 % de jóvenes, el 26 % está ocupado, el 56,2 % está en paro y el 34,5 % son población inactiva, es decir no se incorporan al mercado laboral, ni ocupados ni parados.

En el 2018 el mercado de trabajo juvenil experimentó una notable mejoría ya que la tasa de empleo superó el umbral del 40, pero la temporalidad siguió siendo «extremadamente elevada», según el autor del informe.

El 55,5 % de los asalariados tenía contratos temporales, cuando la media en el conjunto de la población era del 26,9 % y cuando en el mismo trimestre de 2010 era de casi diez puntos menos.

Las máximas cotas, por encima del 60 %, se registraron casi iniciado el 2019 en Andalucía, Cantabria, Extremadura, la Región de Murcia y el País Vasco, y en el mejor de los escenarios (Balears, Cataluña y Madrid) no bajaba del 46 %.

«Los problemas no se deben perpetuar», según los responsables del Consejo, quienes ponen varios apellidos al empleo juvenil: temporalidad e inestabilidad, algo que dificulta el acceso a la vivienda y sobre todo en propiedad porque, según sus cálculos, tendrían que ganar un salario de 22.000 euros para poder acceder a ella.

Abogan, por ello, por una política con criterios de accesibilidad a los hogares y por un parque público de viviendas.

Ante esta situación, Ramos considera imprescindible una Secretario de Estado de Juventud, que dependa del Ministerio de la Presidencia, además de una comisión en el Congreso de los Diputados para tratar estos problema.

De esa forma se frenaría, a su juicio, la «parálisis» que viven los jóvenes, con problemas que llevan arrastrando desde hace décadas porque persiste la opinión generalizada de que de que «no pasa nada porque la juventud sea precaria pues en el futuro vivirá bien».