Según ha informado la Conselleria de Hacienda y Administraciones Públicas en un comunicado, este descenso de la cifra de la deuda en Balears, todavía provisional, supone un cambio en la serie histórica de los últimos diez años, durante los cuales cada cierre anual ha sido superior a la cifra del año anterior.
En términos porcentuales, el descenso de la deuda de la región es todavía más acusado y queda en el 28 por ciento sobre su PIB a 31 de diciembre de 2018. En el año 2017 este indicador cerró en un 29,4 por ciento.
La deuda en relación al PIB acelera su caída, iniciada desde 2015, año que se cerró con un 30,4 por ciento. Desde entonces el descenso se ha producido de manera ininterrumpida, y permite recuperar la deuda a los niveles de 2014.
El Govern confirma la política de control, estabilización y bajada de deuda llevada a cabo desde el inicio de la legislatura y cumple la previsión de reducirlo en 2018 también en términos absolutos respeto el año anterior, por primera vez en la historia de la Comunidad Autónoma.
«Gastos imprevistos»
La bajada de la deuda aún hubiera sido mayor de no haber contado con la necesidad de concertar créditos extraordinarios para afrontar gastos imprevistos, para abonar las ayudas a los damnificados de las inundaciones del Llevant de Mallorca y para garantizar el cumplimiento de sentencias en materia de protección urbanística.
La consellera de Hacienda y Administraciones Públicas, Catalina Cladera, se ha mostrado satisfecha por el «control» de la deuda y porque «una vez más las cifras confirman las previsiones». «Hemos conseguido parar el crecimiento desbocado de la deuda que se mantuvo la pasada legislatura», ha añadido.
Cladera también ha valorado los datos de ejecución del presupuesto de la Comunidad Autónoma de 2018, emitidas por la Intervención General del Estado, según las cuales el mes de octubre se ha cerrado con un superávit contable del 0,46 por ciento del PIB, por un total de 146 millones de euros en Balears.
En octubre del año pasado el superávit era mayor, de 240 millones de euros, un 0,80 por ciento del PIB, pero hay que tener en cuenta que este año se ha afrontado el pago de gran parte de las indemnizaciones fruto de sentencias judiciales, entre otros gastos no recurrentes.
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