La Ley de Vivienda y la de Alquiler Turístico, aprobadas por las consellerías de Territori y de Turisme, tenían como objetivo final una rebaja en el precio de los pisos, tanto de alquiler como de venta

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La Conselleria del Territorio ha iniciado un plan de inspecciones a los bienes de entidades bancarias, fondos de inversión y grandes inmobiliarias ante la sospecha de que están ocultando sus pisos vacíos. Ello significa que están incumpliendo la obligación de incorporar estos inmuebles al registro de viviendas desocupadas del Govern para que el Ejecutivo lo pueda alquilar a precios tasados.

La Ley de Vivienda obligaba a los grandes tenedores a inscribir sus pisos vacíos en el registro del Govern en el plazo de tres meses. Ya ha pasado ese tiempo y se han incluido un total de 859 viviendas, un a cifra muy inferior a las estimaciones realizadas por el Ejecutivo. Las primeras previsiones apuntaban a unas 3.184, si bien el Govern reconoció que eran unos cálculos optimistas.

45 entidades

El Ejecutivo ha contado con la colaboración de 45 entidades que sí han registrado los pisos vacíos, pero en el Ejecutivo sospechan que hay muchas más que han eludido su obligación. Se señala, especialmente, a grandes fondos de inversión que adquieren viviendas con fines especulativos y que las tienen retenidas hasta que pueden venderlas a un precio que multiplica el coste inicial.

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