El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Palma, Enrique Morell, ha acordado por segunda vez el archivo del 'caso Minerval', a petición de la Fiscalía, al considerar que no queda debidamente justificada la perpetración del delito de estafa denunciado.
Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB), el juez sí ha decidido remitir testimonio a la Conselleria de Salud por si existen motivos para incoar un expediente administrativo sancionador por las actividades comerciales realizadas con el producto 'Minerval' (ácido 2-hidroxioleico) desde 2004.
La resolución no es firme y contra ella cabe recurso de reforma.
Morell ya había acordado el sobreseimiento de la causa en septiembre de 2017 al entender que no estaba suficientemente justificado el presunto delito de estafa en la distribución del producto a pacientes de cáncer.
La Fiscalía recurrió el archivo y la Audiencia decidió reabrir el caso únicamente respecto al principal investigado, el catedrático de la Universitat de les Illes Balears (UIB) Pablo Vicente Escribà. La Audiencia ordenó profundizar en la línea de investigación sobre el precio de la sustancia -obtenida en Estados Unidos- y el destino final de las cantidades entregadas por los pacientes o sus familiares.
Por ello, durante estos meses se han incorporado a la causa facturas del ácido 2-hidroxioleico entre los años 2012 y 2017, los balances y sumas y saldos de la Fundación Marathon desde 2007 a 2017 y un resumen de los balances y destino de las cantidades ingresadas por la Fundación de 2007 a 2016.
Tras examinar esta documentación, el Ministerio Fiscal solicitó el sobreseimiento provisional respecto a Escribà.
Escribà había sido denunciado por una presunta estafa por suministrar a seres humanos este producto, que según la Agencia Española de Medicamentos, está considerado un medicamento «huérfano» no autorizado para su comercialización. Su utilización debía limitarse a ensayos clínicos.
Por ello, a pesar de que en la vía penal el juez ha archivado la causa, el auto deja la puerta abierta a que la Conselleria decida incoar un expediente administrativo sancionador.
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