La combinación de precariedad laboral, sueldos bajos y aumento espectacular del precio de la vivienda, con alquileres imposibles de pagar en muchas zonas de la Comunitat, empieza a pasar factura: la licitación de 62 viviendas que tenía libres el Ibavi se ha saldado este mes con una avalancha de 3.575 peticiones. Es decir 58 solicitudes para cada uno de los pisos que se ofertan.
A los factores económicos se añade otra circunstancia que arroja luz sobre este problema: el hecho de que de Govern solo dispone de 1.749 pisos en propiedad cuando hace dos décadas, la cifra superaba los 10.000. En la Conselleria de Territorio reconocen que existe un problema grave pero inciden en que el Govern está poniendo los mecanismos para tratar de solventarlo.
El departamento que dirige Marc Pons quiere actuar por dos vías: por un lado, este mismo año ha puesto en marcha un plan de construcción de vivienda que aportará 511 nuevos pisos al parque público cuando esté finalizado.
La otra novedad que permitirá ampliar el parque de vivienda tiene que ver con cambios legislativos: el proyecto de ley de vivienda que está tramitando el Parlament en estos momentos impide que esos pisos de nueva construcción se vendan a particulares. Es decir, los adjudicatarios que compren viviendas hechas gracias a la ayuda pública podrán venderlas, pero solo al Govern. Gracias a esta vía, se consigue que el parque de vivienda pública no decrezca y además se evita que los ciudadanos que han conseguido comprar un piso gracias a las ayudas del Govern se lucren después con su venta a un particular a una precio especulativo.
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