Inspección de Trabajo detecta en Baleares 1.544 empleos en la economía sumergida

Imagen de archivo de una redada contra la explotación laboral en un local de restauración.

Margalida RamisPalma06/02/18 4:01
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Las prácticas fraudulentas en el mercado laboral balear persisten pese a la recuperación de la economía. La Inspección de Trabajo detectó 1.544 empleos irregulares a lo largo del año pasado, según figura en la memoria del colectivo. En cualquier caso, se trata de una cifra ligeramente inferior a la de 2016, de modo que la economía sumergida no crece en las Islas. Del total de empleos irregulares, 62 eran extranjeros sin permiso de trabajo, mientras que el resto eran empleados que no estaban dados de alta en la Seguridad Social. En total, los inspectores levantaron 637 actas por estas faltas con una propuesta global de sanción de 2,7 millones de euros.

De todos modos, el fraude en materia laboral no se ciñe solo a la economía sumergida y en 2017 los inspectores realizaron 8.834 órdenes de servicio en materia de Seguridad Social, economía irregular y extranjeros, de las que 2.818 responden a denuncias realizadas por terceros. La mayoría, 5.633, estaban planificadas. Para detectar fraude con la Seguridad Social, los inspectores realizaron 5.703 visitas a centros de trabajo, de las que un centenar requirieron la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Estas órdenes de servicio son los expedientes que incoan los inspectores, que pueden acabar o no en sanción. Según la actividad de las empresas, la mayoría de estas órdenes se realizaron en el sector servicios, dada su relevancia en la economía de Balears. Así, el año pasado y en materia de Seguridad Social, Extranjería y Economía irregular, se incoaron 2.633 expedientes en hostelería, 1.834 en comercio y 1.165 en construcción. Como resultado de esta actividad, se detectaron 6.878 trabajadores afectados por alguna práctica irregular relacionada con la Seguridad Social -incluidos los que trabajaban en la economía sumergida- y se levantaron 1.560 actas de infracción con una propuesta de sanción global de casi 8 millones de euros.