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El portavoz parlamentario del PSIB, Andreu Alcover, ha instado este lunes al PP a pagar los 213.000 euros que le reclama el Govern por usar dinero negro en la campaña electoral de 2007 aunque para ello tenga que vender se sede, que «es un lujo asiático».

«Sería malo de explicar» que el PP se resistiera por vía judicial a abonar dinero que está probado que recibió de forma ilegítima, ya que su antiguo gerente Fernando Areal ha admitido que pagó en negro gastos electorales en 2007, ha subrayado Alcover, para quien los populares tendrían que hacer frente a su responsabilidad «voluntariamente».

El diputado ha indicado que «nadie» acusa al líder del PP, Biel Company, «de ser corrupto», porque ni siquiera estaba en el partido cuando se cometió el fraude en los comicios, pero será «responsable» del uso ilegítimo de fondos públicos si no ordena que se retornen a las arcas de la Comunidad.

Alcover ha manifestado que «el Govern tiene poder de embargar» al PP si no atiende la reclamación planteada por la vía administrativa, aunque posteriormente ha matizado que esa afirmación no pretendía ser «una amenaza» y ha admitido el «derecho» del partido de Company a rebatir la sanción y su cuantía ante la justicia.

El diputado ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa en la que ha informado además de la presentación de una proposición no de ley para que el Parlament inste al Gobierno central a abonar los 67 millones de euros que se detraerán de la financiación estatal inicialmente prevista para 2018.

La iniciativa reclama que se mantenga la financiación con la que el Govern elaboró su proyecto de presupuesto y plantea además que se reprenda al ejecutivo estatal por no cumplir el precepto constitucional que establece que debe presentar en el Congreso un proyecto presupuestario para el siguiente ejercicio en el último trimestre del año.

Alcover considera injustificada la excusa de que la prórroga del presupuesto estatal de 2017 impide abonar los 67 millones de euros, ya que estos proceden de la recaudación tributaria que gestiona el Gobierno y está prevista en el modelo de financiación vigente.