Así lo ha indicado en rueda de prensa la portavoz del Grupo, Margalida Prohens, quien ha comparecido en rueda de prensa junto al diputado menorquín y portavoz de economía, Antoni Camps, tras la presentación de las enmiendas a la Ley de Vivienda y a los presupuestos para 2018.
En este sentido, el PP ha anunciado también la presentación de 514 enmiendas a la Ley de Presupuestos de 2018, de las cuales 459 son enmiendas a las secciones presupuestarias y 55 al articulado. Los 'populares' han defendido la eliminación del «gasto superfluo» ya que «la publicidad y propaganda de presidencia aumenta en un 30 por ciento».
«Por tercer año pedimos que se suprima la conselleria cuota de transparencia y que sus competencias se repartan a otras conselleries», ha manifestado Camps.
En relación al impuesto turístico, el PP ha considerado que no es de recibo «que no se dedique este impuesto casi en exclusiva a resolver los problemas de agua» y, además, ha insistido en que «de nada sirve una buena campaña de promoción turística si en pleno verano tenemos que cerrar playas por vertidos y malos olores».
También en relación a la Ley de Vivienda, Prohens ha criticado la tardanza del Pacte para presentar esta normativa. «Decían que la estaban consensuando, sabíamos que con el sector y los agentes económicos y sociales no la habían pactado, ahora sabemos que tampoco con los partidos del Pacte ya que presentan más de 60 enmiendas a su propia», ha manifestado Prohens, quien ha recordado que el PP es partidario de tener una Ley de Vivienda.
No obstante, ha añadido que esta normativa «pretende cargar y responsabilizar a ciudadanos y propietarios de obligaciones que competen a la administración y pretenden dar solución al problema de la vivienda sin haber hecho un diagnostico real y exhaustivo».
Los 'populares' acusan al Govern de «criminalizar» a propietarios cuando su principal objetivo debería ser «garantizar el acceso a la vivienda y hacer políticas públicas de vivienda». Por ello, el PP presenta 73 enmiendas parciales y una enmienda a la totalidad.
En concreto, reclaman la eliminación de todas las medidas intervencionistas y el concepto de lo que llaman 'grandes tenedores'. También se plantea la supresión de cualquier referencia a un registro de viviendas desocupadas «porque se plantea como una herramienta de control a la propiedad privada con un claro objetivo recaudatorio y confiscatorio».
En cuanto a las propuestas en positivo, se incluye la realización de un diagnóstico real y exhaustivo de las viviendas en Baleares, políticas de vivienda desde un punto de vista integral con la realización de un Plan Integral de la Vivienda, la construcción y rehabilitación de viviendas protegidas públicas y la promoción de construcciones de vivienda protegida privada, así como el fomento al acceso de viviendas de alquiler.
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