La semana después de concluir el juicio por las supuestas irregularidades al contratar a los arquitectos del Palma Arena, Matas será de nuevo juzgado, en esta ocasión por la pieza 3 de la macrocausa a la que da nombre el velódromo de la capital balear.
La Fiscalía Anticorrupción solo acusa en este caso a Matas, a quien considera autor de los delitos de tráfico de influencias y prevaricación y, además de la pena de prisión, pide para él una multa de 120.000 euros por el primer delito y de 10 años de inhabilitación para cargo público por el segundo.
El ministerio público reclama además que el exministro de Medio Ambiente sea condenado a pagar 120.000 euros de responsabilidad civil, más los intereses legales, a la comunidad autónoma de Baleares.
Según la Fiscalía, Matas decidió a principios de 2007 «de forma unilateral» que durante la siguiente campaña electoral para las elecciones autonómicas previstas en mayo presentaría un gran proyecto de obra para Palma, con el objetivo de «favorecer sus intereses propios como candidato a la presidencia del Govern».
Matas era consciente de «la imposibilidad material y económica del proyecto», del que no existe ningún estudio económico, de viabilidad ni de ubicación. El fiscal destaca que la Comunidad Autónoma ni siquiera es titular de la zona donde se preveía ubicar el proyecto, la bahía de Palma.
Para llevar a la práctica su intención, Matas contactó con Calatrava en febrero de 2007 y alcanzó con él «un acuerdo verbal» para que presentara un anteproyecto, un vídeo y dos maquetas de un edificio destinado a ópera y artes escénicas, por 1,2 millones de euros.
Posteriormente emprendió actuaciones para otorgar apariencia de legalidad a la decisión, así como para ocultar su participación en la misma y simular la existencia de «interés exclusivamente público» en la contratación de Calatrava.
Aprovechando su ascendente sobre él, Matas pidió al entonces conseller de Educación y Cultura, Francesc Fiol, que confeccionara una propuesta para encargar al organismo de infraestructuras de su departamento, Ibisec, la contratación de un anteproyecto de reordenación de la bahía de Palma y la construcción de un edificio singular dedicado a las artes escénicas, con la intención de que la aprobara el Consell de Govern, sostiene la acusación pública.
El Consell de Govern del 30 de marzo de 2007 aprobó la propuesta que pretendía «aparentar la existencia de un interés público bajo la falsa pretensión de ordenación de la bahía de Palma y la urbanización del Moll Vell» aunque no son competencia autonómica, así como dotar de apariencia de legalidad la futura contratación de Calatrava y evitar informes técnicos sobre el precio de mercado.
Matas eligió el Ibisec para contratar a Calatrava porque no estaba sometido a controles previo de fiscalización y para ocultar su propia participación en la decisión y consecución del proyecto.
Luego, Matas y Fiol realizaron de forma urgente las actuaciones administrativas necesarias para contratar a Calatrava, promoviendo un informe jurídico y otro técnico.
El mismo día que se inició el expediente de contratación, se emitieron también una memoria justificativa de la necesidad y un informe jurídico y se aprobaron el gasto y los pliegos.
Aunque la invitación a Calatrava a participar en el proyecto se le envió por fax el 25 de abril, el mismo día que se pidió a la Abogacía de la comunidad autónoma un informe jurídico sobre la contratación, el día anterior se emitió la propuesta de adjudicación del contrato. Según el fiscal, el arquitecto no presentó ninguna propuesta porque «todo está decidido de antemano».
El contrato se firmó el 27 de abril y ese mismo día Matas anunció ante los medios de comunicación la contratación de Calatrava y la presentación pública del proyecto para cinco días más tarde.
Anticorrupción destaca en su escrito de acusación es materialmente imposible que Calatrava redactara el proyecto y construyera la maqueta en 4 días y que no hay «un solo documento, informe, estudio o análisis respecto a dicho proyecto que pruebe que se tuviera en cuenta mínimamente su viabilidad y su financiación».
El acto de presentación del proyecto fue suspendido por la Junta Electoral ante una denuncia del Partido Socialista.
Calatrava emitió tres facturas contra el Ibisec en mayo de 2007 que suman 1,2 millones de euros y el Govern tramitó y pagó varios contratos menores vinculados a la presentación del proyecto, aunque fue anulado por la Junta Electoral.
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