Son datos que ha dado a conocer este lunes la consellera de Servicios Sociales, Fina Santiago, que ha comparecido en rueda de prensa acompañada del director general de Dependencia, Juan Manuel Rosa, para informar del desarrollo de la Ley de Dependencia en Baleares desde supuesta en marcha, hace 10 años.
Santiago ha detallado que en entre 2007 y 2016 las prestaciones acumuladas en las Islas han beneficiado a 31.341 personas que han recibido alguna prestación técnica o económica ligada al sistema de dependencia.
De éstas, un total de 23.849 han recibido ayudas económicas, 5.210 atención residencia, 1.819 se han acogido al Servicio de Centro de Día y otras 463 al Servicio de Ayuda a Domicilio.
En este periodo, se han creado en las Islas 2.393 plazas de residencias y 1.769 de Centro de Día.
La consellera de Servicios Sociales ha indicado que la aplicación de la Ley de Dependencia «no sólo hay que verla como un gasto relacionado con la calidad de vida de los ciudadanos, sino también como una oportunidad de puestos de trabajo, ligado a un modelo económico diferente, que en los países más avanzado ronda el 15% de las personas ocupadas».
En Baleares, su implantación ha generado la creación de 2.627 puestos de trabajo.
Evolución de las ayudas económicas
En cuanto a la prestación de ayudas económicas, Santiago ha detallado que desde 2008 (año en que se empezaron a pagar) se han pasado de los 3,4 millones de euros a los 29,5 millones de 2016. En estos 10 años, las ayudas económicas se han elevado a 298 millones de euros en la Comunidad balear.
La consellera ha precisado que la Ley de Dependencia ha «sufrido» remodelaciones en los años 2012 y 2013, con el Gobierno de Mariano Rajoy. Así, en 2012 debía de entrar en vigor el Grado 1 de dependencia y se pospuso a 2015.
Estas reformas han supuesto la retirada de la cotización a la Seguridad Social las personas que cuidan a los dependientes y también una reducción de la financiación que reciben las comunidades autónomas ligada a la dependencia, ha indicado.
Con todo, Santiago ha valorado de forma positiva esta normativa de ámbito estatal que, según ha dicho, «era muy necesaria». «Es una buena ley, pero su desarrollo coincide con la crisis económica y toda la financiación que debía desarrollarla se ha frenado», ha opinado.
Así, ha explicado que el colectivo de beneficiarios más numeroso es el de personas mayores, que en Baleares representan el 85% de los valorados como dependientes, lo que demuestra que la normativa «está más centrada en la dependencia y menos centrada en la promoción de la autonomía personas», ha constatado.
Sería necesario que el Estado pagara el 50 %
Por otra parte, la consellera ha considerado que el Estado debería pagar las infraestructuras necesarias para poder atender a estas personas, una reclamación que Baleares ha realizado en distintas ocasiones.
Junto a ello, Santiago ha incidido en la necesidad de que el Gobierno mejore su financiación y ha considerado que debería asumir el 50% del coste que representa su aplicación.
En este punto, ha precisado que de los 635 millones de euros que ha supuesto para Baleares la aplicación de la Ley de Dependencia desde su puesta en marcha, el Estado tan sólo ha aportado un 15% de esta cantidad, en torno a 90 millones de euros.
De este modo, Santiago ha indicado que de los 535 millones que ha costado a las arcas de la Comunidad el desarrollo de la normativa en estos 10 años, el Gobierno «debería pagar, como mínimo un 50%», es decir, en torno a 250 millones de euros.
Actualmente, una plaza residencial para Grado III cuesta unos 1.800 euros, de los que el Estado aportan tan sólo 177 euros, ha ahondado la consellera.
Incremento fuerte de la demanda
Hasta julio de 2015, la Ley de Dependencia cubría los niveles de Grado III y Grado II. La incorporación del Grado I ha provocado que la demanda de solicitudes se haya disparado, según ha aseverado el director general de Dependencia.
En el último mes están entrando 300 solicitudes a la semana, un incremento «muy fuerte» debido, principalmente, a la entrada en vigor del reconocimiento del Grado I, que implica que la persona reconocida con este nivel de dependencia moderada tenga derecho para una ayuda económica de entre 120 y 180 euros o bien algún tipo de servicio.
Este hecho, ha provocado que entre abril de 2016 y abril de 2017 se haya multiplicado el número de solicitudes para acogerse a la Ley de Dependencia.
Para atender a esta fuerte demanda se ha aumentado un 20% el personal dedicado a cubrir estas necesidades.
1 comentario
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Seguramente si supervisaraís a quienes reciben ayudas reducirias por lo menos a la mitad de esos 15 Mil, receptores, pero no interesa por peligrar vuestros puestos y salarios. Otro punto: Con las ayudas que ofreceís tan olimpicamente estaís creando una xenofobia comparativa de la que soís culpables. Tenedlo en cuenta a futuro.