El vicepresidente del Govern y conseller de Innovació, Investigació i Turisme, Biel Barceló, ha dado a conocer en rueda de prensa tras el Consell de Govern este informe jurídico, que «no tiene ni pies ni cabeza». «Es difícil de entender», ha insistido.
El informe del Gobierno cuestiona las competencias del Ejecutivo balear para regular el alquiler vacacional, el establecimiento del techo de plazas, así como las competencias de los consells insulares en ordenación territorial y en la zonificación de las zonas en las que se pueda realizar esta actividad.
«Por tanto, desde el Govern defenderemos el autogobierno de regular la actividad turística(...). Defenderemos la necesidad de poner un límite por cuestiones territoriales y de urbanismo porque tenemos un territorio limitado», ha apuntado Barceló.
«No solo es un ataque a nuestra autonomía, no solo tiene una serie de incoherencias jurídicas, sino que es incoherente en lo que el propio PP ha defendido en Baleares», ha insistido el conseller, que ha expresado su «extrañeza por el doble discurso del PP» que aquí exige prohibición y en Madrid liberalización.
Ante esta situación, Barceló ha instado al Partido Popular a que defina si está de acuerdo con esta injerencia del Gobierno o defiende la autonomía del Ejecutivo balear en este sentido.
El vicepresidente ha recordado que el proyecto de ley sobre el alquiler vacacional, que continuará su tramitación en el Parlament, según ha advertido, se envió en su momento a Delegación del Gobierno, que la consideró «conforme a derecho».
«Solo podemos entender que haya motivaciones políticas para presentar este escrito contra la ley», ha insistido Barceló.
El documento del Ministerio recomienda directamente no regular el alquiler turístico. Cuestiona también que no se permita el alquiler turístico en habitaciones, cuando la normativa viene de 1992, y el establecimiento del techo de plazas de una ley de 1992, ha recordado el conseller.
Barceló ha señalado que la ley autonómica turística aprobada en la anterior legislatura del PP «no es que ponga trabas, es que prohíbe el alquiler turísticos en plurifamiliares».
Ha indicado además que el Govern ha trasladado «verbalmente» su posición contraria a las recomendaciones del Gobierno sobre el alquiler turístico, a través de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, que visitó Palma el pasado miércoles.
Báñez se comprometió a trasladar, en el marco del Consejo de Ministros, el malestar de Baleares, ha detallado el vicepresidente.
Además, el Govern enviará una respuesta jurídica al informe del Ejecutivo central, ha precisado Barceló.
En concreto, el informe valora que las modificaciones al proyecto de ley «dificultan considerablemente la comercialización de determinados modelos de alojamiento que han venido funcionando en los últimos años».
Añade que estas restricciones deben ser compatibles con el principio de libertad de empresa, la normativa de competencia y la Ley de garantía de la unidad de mercado.
El informe apunta que el efecto de la norma será «la penalización de determinados formatos de alojamiento turístico, con los consiguientes efectos en términos de competencia y oferta turística».
Ante ello, precisa que «debe existir una razón imperiosa de interés general que justifique el establecimiento de límites o requisitos al acceso o ejercicio de una actividad económica».
Y este límite debe ser «el menos restrictivo y distorsionador para la actividad económica».
El documento cuestiona los apartados de «fijación por los planes intervención en ámbitos turísticos, planes territoriales insulares y otros instrumentos urbanísticos, de límites máximos, que impiden la comercialización de estancias turísticas en viviendas».
El sometimiento del inicio de la actividad en viviendas al régimen de declaración responsable con un vigencia máxima de cinco años también lo cuestiona.
Además, requisitos que considera restrictivos para el alquiler en plurifamiliares, como contadores individuales de agua y otros suministros, la necesidad de contar con el acuerdo de la junta de propietarios, la imposibilidad de formalizar los contratos por habitaciones y la prohibición de comercializar estancias turísticas en viviendas con una antigüedad inferior a cinco años.
Finalmente, el Ministerio recuerda que la fijación de límites máximos para esta actividad «debe ser notificada a la Comisión Europea».
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