Balears garantiza la protección de la Posidonia mediante un decreto

La Posidonia oceanica es una planta marina endémica del Mediterráneo, de una extraordinaria importancia biológica, que forma extensas praderas en torno a las islas, con una superficie de más de 650 kilómetros cuadrados, ha explicado este martes el conseller de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, Vicenç Vidal, que ha presentado el borrador de decreto junto al director general de Espacios Naturales y Biodiversidad, Miquel Mir.

Es la vegetación marina más extendida en fondos litorales de hasta unos 35 metros de profundidad, llegando hasta los 43 en el caso del Parque Nacional de Cabrera, con una dinámica biológica que incluye el desprendimiento anual espontáneo de una gran parte de sus hojas, que se regeneran naturalmente sin dificultad, ha informado la Conselleria en una nota.

La posidonia en el ámbito europeo y estatal ya está protegida y su conservación mediante este decreto se basa «en su importancia biológica y ecológica, ya que es uno de los hábitats marinos más importantes; también en el ámbito geomorfológico, dado que produce arena y disminuye la erosión de las playas, y porque además mitiga el cambio climático, ya que capta CO2», ha explicado Mir.

Las Islas Baleares son la comunidad autónoma con más superficie de praderas de Posidonia oceanica de España, con la mitad del total inventariado, hecho que comporta una especial responsabilidad en su conservación. Vidal ha dicho al respecto que «es un reto al ser pioneros».

Mir ha explicado que se han detectado indicios de impactos que pueden poner en peligro la conservación de la posidonia y ha defendido «una regulación que compatibilice la existencia de actividades humanas con la protección de la especie y su hábitat».

El proyecto de Decreto establece un marco jurídico homogéneo para protegerla, regulando los usos y las actividades que puedan dañarla.

El Decreto prohíbe la pesca de arrastre sobre posidonia, la ubicación de instalaciones de acuicultura, la extracción de áridos, el vertido de materiales dragados, el vertido de salmueras procedentes de desaladoras y el fondeo incontrolado.

Tampoco están autorizadas las nuevas instalaciones y obras sobre fondos marinos de posidonia y los vertidos derivados de emisarios o de cualquier otra actividad.

También se regula el tratamiento de los restos de posidonia. Se prohíbe la retirada, la posesión, el transporte y el uso de restos de posidonia muerta en las playas naturales sin servicios, a excepción de las prácticas destinadas a usos tradicionales y con métodos manuales.

En cambio, se puede autorizar en las playas con servicios, determinando el método y las zonas de extracción de acuerdo con las características ambientales y geomorfológicas del lugar.

En las playas urbanas, y por razones socioeconómicas, se permitirá la retirada siguiendo el manual de buenas prácticas que recoge el propio decreto.

El régimen sancionador se establece por medio de la Ley para la conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO).

Se consideran infracciones leves los incumplimientos acreditados del Decreto, con independencia de la demostración efectiva de daños materiales a la especie, con multas de 100 a 6.000 euros.

Serán infracciones graves, los incumplimientos acreditados que representen la destrucción de una superficie superior a un metro cuadrado de pradera e inferior a diez, con sanciones de 6.001 a 100.000 euros; y muy graves, los incumplimientos acreditados que representen la destrucción de más de diez metros cuadrados de pradera, con multas que pueden llegar a 450.000 euros.

Sin embargo, se exonerará de responsabilidad siempre que la pradera no sea visible, no esté señalizada y no haya cartografía oficial a disposición física o telemática del patrón de la embarcación. El Decreto contiene una cartografía propia de las praderas y las clasifica según su valor.

El decreto crea un «Comité Posidonia», organismo asesor permanente con representación de los sectores interesados, y el «Fondo Posidonia», que se alimentará de las aportaciones de la comunidad autónoma, otras administraciones, empresas y asociaciones, y de las medidas compensatorias de actuaciones que afecten al hábitat y la especie.

El borrador de decreto empieza ahora un proceso de participación previo a la tramitación ordinaria por el que se ha remitido a sector náutico, grupos ecologistas, consells y ayuntamientos para que hagan sugerencias y propuestas antes de que salga a exposición pública.