Al encuentro acudirá un representante del Ejecutivo y tendrá lugar después de que el pasado jueves el Congreso rechazara el Decreto Ley con el que el Gobierno articulaba la reforma. En la reunión, a la que también asistirá el mediador, el presidente del CES, Marcos Peña, tendrá lugar en la sede de esta institución a partir de las 16.00 horas, según informaron fuentes sindicales.
Las empresas y los trabajadores se sentarán a la mesa para analizar la propuesta de acuerdo que el Gobierno, a través del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, presentó por sorpresa en la última reunión, la del pasado miércoles, la víspera del debate del Decreto en el Congreso.
El Gobierno confía en que la consecución de un acuerdo entre patronal y sindicatos sobre los aspectos laborales de la reforma permita levantar el histórico bloqueo político con que se encontró su tramitación parlamentaria y que los grupos apoyen la nueva iniciativa legal que presente a la Cámara.
Con la reforma de la estiba, el Gobierno busca romper el monopolio de facto en el que actualmente se presta este servicio de carga y descarga de mercancía de los barcos en los puertos, pero también cumplir con el Tratado de la UE, al que actualmente contraviene este sector por obstaculizar la libertad de empresa.
El fin último es evitar que el Tribunal de Justicia de la UE imponga una sanción a España, que implicaría una multa diaria de 134.000 euros, por no haber cumplido una primera sentencia emitida en diciembre de 2014 y con la que ya se acumula una multa de 21,5 millones.
Para lograr un acuerdo que a su vez desencalle la legislación de la reforma del sector, Fomento, en colaboración con el Ministerio de Empleo, presentó la referida propuesta de acuerdo, que incluye cuatro puntos.
Subrogaciones y prejubilaciones
En concreto, propone la subrogación del colectivo de estibadores, actualmente integrado por 6.150 trabajadores, por parte de las empresas del ramo y, en paralelo, ofrece un plan de prejubilaciones voluntarias para aquellos que cuenten con 50 o más años de edad, que se retirarían con un 70% de su salario.
Además, contempla el compromiso del Gobierno a garantizar el eventual acuerdo mediante la constitución de una comisión de seguimiento, y el de empresas y sindicatos a pactar medidas que mejoren la productividad en los puertos.
El Ejecutivo considera que se trata de una «generosa y ambiciosa» propuesta de acuerdo, que atiende la principal reivindicación de los sindicatos de estibadores, la garantía de sus puestos de trabajo y sus condiciones laborales tras la reforma. Además, está dispuesto a trasladar el acuerdo a un «instrumento normativo» para darle garantía adicional.
El Gobierno asegura no obstante que este «instrumento normativo» debe ser un documento distinto al eventual nuevo Decreto Ley que tendrá que volver a promover para reformar el sector, tras tumbar el Congreso el anterior. Según mantiene, los aspectos laborales no tienen cabida en el texto legal.
En paralelo, el ministro de Fomento ya anunció el viernes que retomará «personalmente» los contactos con los grupos políticos con el fin de desbloquear la tramitación parlamentaria y poder aprobar la reforma de la estiba antes de que el Tribunal europeo falle la nueva sentencia.
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