Jarabo considera que la actuación de Huertas y Seijas es una cuestión «ética» más que «delictiva»

En una entrevista concedida a Europa Press, Jarabo ha apelado, sin embargo, a la necesidad de tipificar nuevas conductas en el Código Penal que tengan relación con este tipo de comportamientos, dirigidos, en su opinión, a poner «los intereses particulares y de partido por encima de los generales».

«Hay delitos que durante años no fueron considerados infracciones penales, como la prevaricación», ha incidido el dirigente de Podemos, quien ha reconocido que, en cualquier caso, la actuación de Huertas y Seijas no tiene «nada que ver» con los casos de corrupción instruidos y juzgados en Baleares durante los últimos años y que principalmente afectan a la última legislatura de Jaume Matas (2003-2007).

En relación con las críticas efectuadas por Montserrat Seijas en los alegatos que presentó ante la Comisión de Garantías Democráticas de Podemos a raíz de su expulsión, Jarabo ha subrayado que el partido ha llevado a cabo un procedimiento «muy garantista», a diferencia de cómo «actúan otros partidos» en situaciones similares.

El secretario general ha manifestado que hay que preservar a Podemos «de este tipo de comportamientos» que «van en contra» de su Código Ético, a pesar de que la parlamentaria, en sus alegaciones, asevera que en los estatutos de la formación no se tipifica como infracción muy grave, grave o leve el incumplimiento del Código Ético. «Las posibles responsabilidades serán de otro tipo, pero no pueden tener carácter sancionador», abunda Seijas en este sentido.

Cabe señalar que la Comisión de Garantías Estatal de Podemos confirmó el pasado jueves la expulsión del partido de Xelo Huertas, ante lo que Jarabo le ha pedido que abandone su escaño, de tal modo que tendría que dejar la presidencia del Parlament.

Fue el pasado 7 de noviembre cuando el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, informó que la Ejecutiva había decidido suspender cautelarmente de militancia y abrir una investigación a Huertas, Seijas y Bachiller, por presuntamente haber utilizado su cargo público para beneficiar a Bachiller a través de la firma de un convenio entre el Govern y el laboratorio científico que éste dirige.