Es una de las consecuencias de la firma llevada a cabo este viernes entre el conseller Martí March, y el fiscal delegado de Menores en Baleares, José Díaz Cappa de un acuerdo de coordinación institucional para garantizar la protección de los derechos de los menores de edad, ha informado la Conselleria en un comunicado.
Govern y Fiscalía quieren establecer una coordinación institucional eficaz, para lo que consideran «especialmente necesaria la actuación de los centros educativos».
Para cumplir la normativa aplicable, el acuerdo prevé que los centros docentes de Baleares tienen que comunicar a la Fiscalía de Menores «todas las situaciones de hecho con repercusiones sobre los derechos de los menores, sea cual sea la edad del menor, ocurridas o conocidas en los centros educativos y que impliquen la obligación de la Fiscalía de actuar en defensa de los derechos de los menores que se hayan vulnerado o que puedan ser vulnerados».
Otras aspectos
La Conselleria ha recordado que las funciones encomendadas a la Fiscalía de Menores van más allá de los aspectos puramente penales, y alcanzan ámbitos puramente civiles y administrativos, vinculados a la protección de los derechos de los menores, fundamentales o no, que implican que el fiscal sea su máximo valedor.
«Por eso, es imprescindible poner en su conocimiento todas las situaciones que pueden requerir su intervención, la mayor parte de las cuales, como es obvio, se producen en los centros docentes, o se manifiestan o se conocen en estos centros», ha recalcado la Conselleria.
Por eso la Conselleria d'Educació hará llegar a todos los centros educativos de Balears una relación de supuestos que afectan a los menores escolarizados y que deben comunicar a la Fiscalía.
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