El magistrado ha dictado el auto de apertura de juicio oral contra Ballester y tres constructores, en la pieza 10 del caso Palma Arena, que investiga adjudicaciones de obras preparatorias para construir el velódromo, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.
Castro aprecia indicios racionales de criminalidad contra los cuatro acusados.
El caso se centra en el fraccionamiento en dos contratos y la adjudicación sin concurso del derribo de unas edificaciones, la creación de unos accesos viales y su cerramiento con vallas metálicas, previos a la construcción del Palma Arena, por importe de unos 60.000 euros, en 2005.
Tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Abogacía de Balears han presentado escritos de acusación y han solicitado la apertura de juicio por estos hechos.
Según la Fiscalía, para hacer esas obras sin tener que someterse al procedimiento de concurso público obligatorio, Ballester decidió fraccionarlas en dos partes por cuantías de menos de 30.000 euros: por una parte la demolición de las naves y por otra los cerramientos y accesos viales.
Prescindiendo «deliberada y conscientemente» de abrir los correspondientes procedimientos administrativos, encargó verbalmente las obras a dos constructores, utilizando a un tercero como intermediario.
A uno le encargó el derribo por 28.681 euros y a otro los accesos viales por 29.736 euros, según recoge el escrito de acusación de la Fiscalía.
Para dar apariencia de legalidad a dichas contrataciones, Ballester pidió al constructor que le ayudaba a mediar tres presupuestos para adjuntar a cada uno de los dos simulados expedientes administrativos de contratación.
Las obras las realizaron las empresas de los dos constructores designados y las pagó la Fundación Illesport.
En el escrito de acusación, el fiscal ha tenido en cuenta que Ballester ha colaborado con la Administración de Justicia en la investigación de los hechos y ha admitido su participación en los mismos, y los tres constructores han pagado a la comunidad autónoma la totalidad de los perjuicios sufridos a consecuencia de las dos adjudicaciones fraudulentas.
El fiscal acusa a Ballester y a los constructores de prevaricación y fraude a la Administración pero no pide ninguna pena ni para el exdirector general de Deportes ni para uno de los empresarios, por considerar que ambos han sido condenados en otra pieza anterior por esos mismos delitos, por hechos relacionados con los de este caso y ocurridos dentro del mismo marco temporal.
Para los otros dos constructores, la Fiscalía pide penas sustituibles por multa de 1.080 euros, así como inhabilitación para empleo o cargo público durante 1 año y 9 meses.
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