Los gobiernos de Francesc Antich, José Ramón Bauzá y Francina Armengol llevan desde 2009 financiándose gracias a las fianzas que depositan los ciudadanos cuando alquilan una vivienda y que, al menos en una parte, son intocables por ley. Cuando alguien alquila una vivienda lo habitual es que pague una fianza para garantizar la posible reparación del inmueble si se han producido desperfectos durante su estancia.
Esas fianzas, que en diciembre del año pasado sumaban nada menos que 73,38 millones de euros, quedan depositadas en una cuenta específica del Ibavi creada para este fin. Pero el problema está en que las cuentas del Ibavi solo constaban 11,07 millones en ese misma fecha.
Entonces, ¿dónde están los otros 62,31 millones de euros que alguien ha pagado y no figuran en las cuentas? La respuesta es sencilla: el Govern los está utilizando como vía de financiación para tener liquidez y pagar facturas, según reconoce el conseller de Territori, Marc Pons.
El Govern puede hacer uso de una parte de este dinero, pero no de su totalidad. Un decreto del Govern del año 1989 establece que el saldo de las cuentas de tesorería del Ibavi deberá tener, al menos, el 30 por ciento de las cantidades totales depositadas. Justo antes de perder las elecciones, el 22 de mayo de 2015, el Govern de Bauzá modificó este decreto para rebajar el mínimo intocable del 30 al 20 por ciento.
La realidad es que ni Antich ni Bauzá ni Armengol cumplen lo que ellos mismos aprueban. En el caso de Francesc Antich, su gobierno cumplió el decreto hasta mediados de junio de 2009, como refleja el gráfico adjunto. A partir de esa fecha, comenzó a tirar de la 'hucha' de los alquileres.
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