La abogada del Estado Dolores Ripoll ha presentado este miércoles su informe final en el juicio ante el tribunal de la Audiencia de Palma, al que ha pedido una condena de 6 años de cárcel por dos delitos contra Hacienda para el marido de la infanta Cristina y otra de 3 por un solo delito para su socio en Nóos, Diego Torres.
Ripoll ha señalado que Urdangarin «engaña en la descripción de los servicios facturados» para deducirse a través de Aizoon un trabajo de participación en consejos de administración que realmente era una prestación personal y «engañó en la identidad del sujeto emisor de las facturas», que debió ser él a título individual.
Para la acusadora pública, el exduque de Palma y su socio crearon un entramado empresarial que no respondía a una especialización de servicios y funciones, como se ha puesto de manifiesto en la vista, en la que diversos testigos han declarado que todas las empresas facturaron por todo tipo de trabajos y sus empleados eran traspasados de unas a otras y todos creían que trabajaban para Nóos.
«La apariencia, tanto interna como externa, es de confusión total. No hay diferencia clara entre empresas», ha insistido la letrada, que ha agregado que los socios actuaban «como si los fondos de las sociedades fueran suyos», pues los usaban para gastos personales y se los repartían de forma equitativa.
Ha detallado que las mercantiles del llamado conglomerado Nóos se cruzaron entre si 425 facturas entre 2004 y 2008, por más de 8 millones de euros.
«Nóos es Diego Torres e Iñaki Urdangarin», ha reafirmado Ripoll, que ha recordado que los incrementos patrimoniales de ambos, constatados por peritos de Hacienda, coinciden de forma ajustada con los beneficios canalizados a su entramado empresarial desde el Instituto Nóos y el fraude fiscal que se les atribuye.
La abogada del Estado, que ha desacreditado las conclusiones del perito en materia fiscal que declaró a propuesta de Torres, ha cifrado en 380.772 euros la cuota defraudada por el socio de Urdangarin en el IRPF de 2007.
Ha recordado además que, junto con su esposa, Ana María Tejeiro, fue titular de cuentas en Andorra y Luxemburgo que probarían su intención de ocultar su patrimonio a Hacienda.
La abogada del Estado ha recordado que Torres y Urdangarin tienen un currículum amplio, estudios y responsabilidades y han creado varias empresas a lo largo de sus vidas, pero ambos eluden sus responsabilidades fiscales amparándose en sus asesores personales y en el gestor tributario de la Casa Real.
Ha replicado que la ley solo admite la asesoría como excusa para el error tras haber formulado alguna consulta ante la Administración Tributaria y haber obrado conforme a ella y además ha resaltado que los señalados como presuntos asesores han negado esa responsabilidad en el juicio.
Ha detallado que Federico Rubio, señalado como asesor fiscal de la Casa Real, contó que hizo la declaración de Urdangarin hasta 2001 y negó haber visto o revisado las declaraciones posteriores del marido de la infanta, las de Torres o las de sus sociedades.
«Cualquier fraude tributario supone un grave atentado contra los principios constitucionales que imponen la real y leal contribución al sostenimiento de los gastos públicos», ha dicho Ripoll citando una sentencia del Tribunal Supremo de 2005.
Ha recalcado que los delitos contra la Hacienda Pública presuntamente cometidos por Urdangarin y Torres son una «inadmisible vulneración de los principios de solidaridad tributaria» y del artículo 31 de la Constitución que establece que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos con acuerdo a su capacidad económica.
La Abogacía del Estado considera a la infanta Cristina y a Ana María Tejeiro, esposa de Diego Torres, partícipes a título lucrativo de los delitos fiscales de sus maridos.
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