El abogado del exsocio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, ha solicitado al tribunal que juzga desde este lunes el «caso Nóos» en la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca lanulidad de todo el procedimientoiniciado por el instructor José Castro por considerar que todo comenzó con la investigación de unos documentos sobre el instituto Nóos que fueron aportados a la causa cuando su cliente aún no había sido imputado.
Esta circunstancia que vicia todas las actuaciones que inició a partir de entonces el instructor del caso José Castro según el abogado Manuel González Peeters. Durante su intervención en la sesión de cuestiones previas al juicio -que sienta en el banquillo a un total de 18 personas, entre ellas la Infanta Cristina-, ha defendido que el origen de toda la causaes «ilícito»y debe ser anulada.
Para apoyar sus tesis González Peeters ha citado sentencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
También ha defendido la vulneración de otros principios como los de no declarar contra uno mismo para argumentar la indefensión de su cliente en este aspecto. Torres se enfrenta a una petición fiscal de16 años y medio de prisión, que la acusación representada por Manos Limpias eleva a 22 años y medio.
Por otra parte, y en relación con los delitos contra la Hacienda imputados a Diego Torres, el abogado ha insistido en que las pruebas contra él han sido aportadas por Hacienda, que le coaccionó con sanciones administrativas si no presentaba toda la documentación al respecto causándole igualmente indefensión. Considera por ello que se trata de una prueba ilícita.
Además, ha expuesto que respecto de la mujer de Torres, Ana María Tejeiro, es «sangrante» que se la acuse de blanqueo de capitales porque cuando compareció en calidad de imputada no se la informó que se la acusaba de esta conducta.
Se vulneraron por tanto sus derechos según su letrado y no debería ser acusada por este delito en particular, que es uno de los nueve por los que ha sido procesada. Para la mujer del exsocio de Urdangarin Anticorrupción solicita 2 años de cárcel mientras que Manos Limpias pide 11 años de cárcel.
Horrach se niega
El fiscal Anticorrupción Pedro Horrach ha rechazado que pueda anularse en este momento todo el procedimiento por el «caso Nóos» como ha solicitado la defensa de Diego Torres, exsocio de Iñaki Urdangarin, por considerar que se vulneraron los derechos de su cliente antes de ser imputado formalmente en la causa. A estos argumentos se ha sumado la abogada del Estado y la acusación popular representada por Manos Limpias.
Horrach ha rechazado las cuestiones de nulidad planteadas por el letrado Manuel González Peeters y ha recordado que la personación de Torres con abogado y procurador se produjo desde el primer instante, desde que el Instituto Nóos tuvo el primer requerimiento y el empresario aportó la documentación requerida.
«Es que es más, no sólo conocía sus derechos como imputado, sino que presentó la documentación como quiso y presentó la que quiso», ha recordado el fiscal, que ha añadido que Torres «incluso evitó presentar los papeles que más podrían incriminarle». El exsocio de Urdangarin presentando tandas y tandas de correos electrónicos a lo largo de toda la instrucción que sólo afectaban a otra partes, y no a él. Su actitud procesal desmiente la indefensión según el representante del Ministerio Público.
También se opone Horrach al resto de cuestiones planteadas por el abogado de Torres, Manuel González Peeters, y le recuerda que no ha citado toda la jurisprudencia del Tribunal Supremo que contradice sus posiciones.
1 comentario
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Pues no es descabellado, pues en esta misma sala de vistas y por la misma Sección 1º de la Audiencia se anuló todo un proceso por la debilidad de los argumentos en el razonamiento de la Guardia Civil solicitando las escuchas telefónicas, con que comenzó todo, en un proceso con cuarenta imputados. Claro que después el Supremo ha obligado a dar por válidas esas escuchas y por tanto ha anulado esa " anulación"· previa de lo actuado. Así que de todo hay en esa sala. Y eso que en ese proceso contra 40 el alquiler de los equipos costó mas de 600.000 euros para hacer el juicio en ese polígono industrial, sin contar con la policía de refuerzo entonces también desplazada desde Valencia.