El decreto ley que aprobará el martes el govern en una sesión extraordinaria terminará de perfilarse el viernes, en una nueva reunión que mantendrán los partidos de izquierdas. El documento definitivo está prácticamente cerrado y se sabe que una de las medidas será la eliminación de la amnistía al urbanismo ilegal. El debate gira en si las leyes más desprovistas de Bauzá se dejan en suspenso mientras se hace la modificación definitiva –unos 18 meses– o se derogan el mismo martes.
El govern prevé modificar o derogar varios aspectos incluidos en media docena de leyes aprobadas por Bauzá o modificadas durante su mandato. Entre ellas están la ley del Suelo, la Ley del Turismo, la Ley Agraria, la Ley de Minas y algunas fuentes señalan que se volverán a modificar aspectos de las Directrices de Ordenación del Territorio modificados por el anterior govern.
Una de las modificaciones seguras de la ley es la eliminación de la amnistía a las construcciones ilegales en suelo rústico. En el primer año de vigencia de esta norma, incluida en la Ley de Suelo, se legalizaron 1.479 construcciones, 895 de ellas en Mallorca.
Por otra parte, el decreto ley acaba con una de las medidas estrella de Carlos Delgado: la posibilidad de que los hoteles crezcan dos plantas.
La norma que aprobará la izquierda elimina el uso de hoteles a viviendas que permite en la actualidad la Ley del Turismo.
La Ley de Turismo permite ahora autorizar proyectos turísticos de interés general considerados 'singulares' por su valor arquitectónico o por turístico. Se recupera la necesidad de solicitar el interés general para todas las construcciones proyectadas en suelo rústico.
La propuesta que prepara la izquierda volverá a proteger espacios desprotegidos por el anterior govern.
Las parcelaciones ilegales lo tendrán más complicado para legalizarse. Bauzá permitía la legalización de núcleos rurales, sin especificar que debían tratarse de núcleos tradicionales y legales. Ahora se recupera este matiz.
El govern prevé quitar las excepciones que permiten urbanizar construcciones agrarias en suelo rústico aunque la parcela no llegue a los 14.000 metros cuadrados.
En Eivissa dejarán de poder construirse viviendas unifamiliares en las Áreas Naturales de Especial Interés en parcelas superiores a 50.000 metros. Las ANEI serán inedificables como en Mallorca y en Menorca.
6 comentarios
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Nunca ha habido amnistía urbanística. Al haber prescrito la infracción y no ponerles poner una multa, ni derribarselo. El sentido común dice que la administración, pese a lo tonta que es, debe cobrar algo para mantener a tanto político y funcionario. Su solución fue una legalización voluntaria costosisima para el ciudadano, a la que solo se han acogido un 5% como mucho en Menorca.
Son los pobres los que construyen en rustico. Un solar en Calan Bosch o en Punta Prima o en Cala LLonga vale como mínimo 200.000 € mas la construcción otros 350.000€ total 550.000€. Que trabajador lo tiene o el banco se lo presta para hacerse una casa. Pues se compran una tanca, por cuatro chavos y se hacen una casita pequeñita que va creciendo poco a poco y los políticos los persiguen y no les dan licencia. Así hay 6.000 viviendas ilegales que nunca se derribarán y nunca pagarán un euro. Mas tontos los políticos no son porque no se entrenan.
Las ilegalidades no se combaten con decretos, más bien se llevan a los tribunales.
Es una tomadura de pelo esta legalización por lo costosa que es. Muy pocos legalizaran a su edificio ilegal en rustico. Al fin y al cabo no se la pueden derribar ni multar. Los Ayuntamientos no cobrarán la licencia ni los impuestos ellos se lo pierden.
Perdón sigo O las legalizamos con condiciones, tales como, pagar la licencia de obras ( como todos), pagar una "multa" del 15%, 20%, 25%, según el año de la legalización, del coste de la obra ejecutada, adaptar la vivienda a unas condiciones de estéticas y medio ambientales ( depuración de aguas residuales, etc.) y, sobre todo, empezar a ejercer un control más exhaustivo sobre las nuevas construcciones ilegales. Yo lo tengo claro, prefiero la legalización como mal menor, pero que todo el mundo tenga claro que este problema ha sido y es por la falta de decisión política.
Precisemos algunos puntos: 1.- ¿son construcciones ilegales? Si 2.- ¿Han pasado más de 8 años desde su construcción?, Si 3.- Pasado este tiempo, sin que la administración halla ejercido ninguna acción para volver a la legalidad, ¿la administración puede hacer algo? NO 4.- ¿Porque no se ha hecho nada en 8 años o más?, pues porque a los políticos locales ( de cualquier signo político) nos les ha interesado, ya que les podía quitar votos, y porque no decirlo, porque muchas de estas construcciones son de hermanos, primos, conocidos, sino de ellos mismos. 5.- bueno, vale, ¿y ahora qué hacemos? Lo podemos dejar así, construcciones auto construidas, sin depuración de vertidos, con una estética más que dudosa dentro el campo menorquín, incumpliendo normativas básicas de seguridad, eléctricas, gas, etc.