Castro ha dictado hoy en auto adoptando esta decisión, después de que el abogado de Rotger solicitara hace unos días el archivo y la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía de la Comunidad Autónoma de Baleares no se opusieran al mismo.
En el auto dictado hoy, Castro señala que si bien durante la instrucción judicial, el instructor no precisa posicionarse acerca de las imputaciones, no considera desacertado atender a la petición de sobreseimiento provisional cuando las partes acusadoras se han pronunciado al respecto.
Después de que la Fiscalía y la Abogacía de la comunidad hayan anunciado su postura de no formular acusación contra Rotger, el juez ha indicado que accede al archivo provisional, «por economía procesal y sin precisar entrar en el fondo del asunto».
Rotger, defendido por el abogado Gaspar Oliver, declaró como imputado ante Castro en noviembre de 2012 en el marco de esta causa que investiga la presunta financiación irregular del PP balear entre 2003 y 2007 y que es una pieza separada del caso Palma Arena.
El también exalcalde de Inca fue interrogado por un contrato concedido a la empresa Over Marketing para la realización de un estudio sobre hábitos de vida en el municipio, por el que el Ayuntamiento pagó 20.000 euros en 2008.
Rotger admitió que en el proceso para la contratación de Over Marketing cuando era alcalde de Inca se cometieron «errores administrativos», pero subrayó que no hubo ningún trato de favor para esa empresa de publicidad, que es lo que investiga el magistrado.
Entonces ya pidió ser desimputado, pero el juez lo rechazó, ante lo cual dimitió como presidente del Parlament.
Tres años después de aquella declaración como imputado, el abogado solicitó de nuevo el pasado octubre el sobreseimiento, para que la causa no perjudicara más a Rotger.
El letrado señaló en su escrito que los hechos, desde un punto de vista administrativo, se hallan plenamente amparados por la ley en vigor en el momento de los hechos y además no existió en modo alguno un interés personal, que no público, en la adjudicación del contrato ya que el exalcalde no obtuvo ningún beneficio particular.
Además Rotger no tuvo ninguna intervención en la elección de la forma de contratación ni en cómo se tramitó, según su abogado.
El letrado entiende que la investigación relativa a los hechos de Inca ya está concluida, que no hubo delito, ni ningún contrato amañado, ni un plan preestablecido para beneficiar a Over, ya que el contrato fue un caso puntual.
En su petición añadió además que, aunque hubiera disparidad sobre si el contrato se ajusta o no a la legalidad, sería una cuestión administrativa y tratarla como un delito penal es desproporcionado.
Por su parte, el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach no se opuso al archivo al entender que no se ha podido determinar durante la investigación la participación de Rotger en decidir la forma de tramitar la contratación de Over por parte del Ayuntamiento de Inca.
Horrach señaló la existencia de un «vacío probatorio» en relación con la presunta alteración del negociado sin publicidad para beneficiar a Over y además indicó que ninguno de los intervinientes ha cuestionado la utilidad pública del estudio que se encargó a dicha empresa.
La empresa Over Marketing facturó al menos 2.379.050 euros a administraciones y entidades públicas de Baleares entre 2004 y 2008, según un informe de la Agencia Tributaria sobre los ingresos de dicha empresa, incorporado al sumario que investiga la presunta trama corrupta en torno a esta empresa.
El juzgado de instrucción número 3 de Palma investiga si Over Marketing fue beneficiada con fondos públicos durante la legislatura 2003-2007, cuando era presidente Jaume Matas, en pago por haber llevado a cabo la campaña electoral del PP de 2003.
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