Los cinco partidos de izquierda que apoyan la gestión del ejecutivo autonómico del PSIB-PSOE y los econacionalistas de Més han presentado este miércoles la Ley Balear de Fosas que será tramitada de manera inmediata en el Parlament balear para su aprobación a finales de año, por lo que se aplicará previsiblemente a principios de 2016.
La proposición no de ley indica que su objetivo es «proteger y preservar las fosas de la guerra civil y de la dictadura franquista en colaboración con los ayuntamientos y los consells insulars». Se calcula que en Mallorca, Ibiza y Formentera hay unas 60 fosas, de las que 10 están localizadas, tres de ellas en Formentera.
En el artículo 10 de la misma se indica que el Govern denunciará ante la Fiscalía la existencia de indicios de la comisión de crímenes contra la humanidad de «naturaleza imprescriptible y efectos permanentes» según el «carácter masivo o sistemático» de la represión de un grupo determinado, o bien por la violencia empleada contra estas personas durante la guerra civil y la dictadura franquista.
Los representantes de estos partidos han reconocido que esta ley llegar «tarde» para muchos familiares, pero supone «cerrar este capítulo negro de la historia de Baleares» y, además, se reconoce un «derecho que desde hace mucho tiempo reivindican» las familias.
La Conselleria de Participación, Transparencia y Cultura será el departamento del Govern encargado de sacar adelante este proyecto; para ello nombrará a un delegado e incluirá para el próximo año una partida con el propósito de desarrollar su función.
La conferencia de prensa la han ofrecido los diputados autonómicos Margalida Capellà (Més per Mallorca), Patricia Font (Més per Menorca), Silvia Tur (Gent per Formentera), Baltasar Picornell (Podemos) y Silvia Cano (PSIB-PSOE).
En la rueda de prensa también estaban presentes miembros de las asociaciones Memòria de Mallorca y del Fòrum per la Memòria d'Eivissa i Formentera, que han expresado su emoción por esta iniciativa; sobre todo por el hecho de que sean las instituciones públicas las que respalden «por fin» la búsqueda de muertos y represaliados.
Maria Antonia Oliver, de Memòria de Mallorca, ha afirmado que ahora «no vale decir que no hay dinero» para llevar a cabo esta labor tras años de trabajo «en soledad» por parte de las familias de los desaparecidos.
La ley consta de 12 artículos y en la iniciativa parlamentaria se explica que es «necesario actuar con urgencia, celeridad y eficacia» por la avanzada edad de muchos de los familiares y también de los testigos que vieron por última vez a los desaparecidos.
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