«No hay ni un triste indicio» de que los acusados, una mujer de 36 años y un varón de 20, pintaran en varias ocasiones en la fachada de la farmacia que el hoy senador del PP tiene en Marratxí, ha manifestado en la vista el defensor de los jóvenes, que ha cuestionado las conclusiones de los guardias civiles que investigaron los hechos.
Por contra, el fiscal del caso ha mantenido su petición de condena por un delito de injurias graves con publicidad a funcionario público y por cinco faltas de deslucimiento de inmuebles, ya que atribuye a los encausados varias pintadas, así como el lanzamiento de huevos y basuras a la fachada del establecimiento.
Tres guardias civiles que han declarado como testigos han explicado que, a partir de grabaciones de vídeo de las cámaras de seguridad de la farmacia y de la identificación de un coche propiedad de la acusada, llegaron a la conclusión de que ella y un amigo al que localizaron más tarde fueron los autores de las pintadas injuriosas.
En sus declaraciones, los dos amigos han negado todos los hechos que se les atribuyen, repartidos en cinco episodios registrados entre noviembre de 2012 y junio de 2014 y denunciados por la farmacéutica que atiende el comercio propiedad del expresidente, que hoy ha comparecido citada como testigo.
Sin embargo, los guardias civiles que investigaron el caso se han mostrado seguros de su autoría a partir de indicios como la identificación del vehículos de la acusada, residente en la zona, en el lugar de los hechos la noche de la penúltima pintada y la constatación de que estaba cerca a través de los repetidores de telefonía móvil.
También llegaron a la misma conclusión por la comparación entre su forma de escribir y las de las pintadas, por la similitud de las características físicas de las personas grabadas y los acusados, a pesar de que los autores de las pintadas ocultaban su rostro, y por la simpatía que los jóvenes han manifestado a través de redes sociales respecto a actuaciones de protesta política.
«Es cierto que todos son indicios, pero todos han sido corroborados», ha mantenido el fiscal del caso, que ha recordado que aunque el injuriado, José Ramón Bauzá, no presentó denuncia por los insultos, el ministerio público tiene el deber de actuar de oficio en su defensa por ser autoridad pública.
El letrado defensor, que ha expresado su sorpresa por el celo y los recursos dedicados por la Guardia Civil a perseguir unas pintadas, ha recalcado que sus clientes «no estaban allí ni son los autores».
Ha indicado que en ninguna grabación se ve a los autores de las pintadas bajar o subir del coche de su defendida, que no existen pruebas telefónicas de que la noche del último episodio estuvieran juntos y que la ubicación de la chica cerca de la farmacia carece de valor probatorio porque vive en la zona.
De forma subsidiaria por si la jueza estimara que los jóvenes son autores de los hechos, el defensor ha apuntado que llamar «nazi» o «fascista» a un político es una crítica ideológica que, aunque pueda resultar un exceso, está amparada por la libertad de expresión.
El juicio, desarrollado en el juzgado penal 5 de Palma, ha quedado visto para sentencia.
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